El concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha detallado hoy las 16 alegaciones que ha presentado al proyecto de presupuestos municipales para 2025 con las que "queremos que se invierta en un modelo de ciudad que responda a las necesidades de los vecinos y vecinas, y no al modelo de capricho que plantea el equipo de Gobierno de PP y Vox".
Así, las propuestas de Izquierda Unida están encaminadas, entre otras cuestiones, a cumplir con los acuerdos de pleno, y no "con lo que el equipo de Gobierno ha ido prometiendo de forma sistemática sin atender a lo que se ha aprobado en la casa del pueblo". Así, propone que los 400.000 euros dedicados al campo de fútbol Carlos III, "de élite y para la élite", sirvan para acometer obras que permitan adecentar la residencia de San Juan de Dios como residencia de mayores.
"Presentamos alegaciones para que se cumpla lo que se ha acordado en el Pleno, nos parece una falta de respeto institucional que esto se olvide en el proyecto de presupuestos", señalaba el portavoz de Izquierda Unida.
Entre las alegaciones que responden a esos acuerdos plenarios que no se han respetado también está la creación de la Escuela Municipal de Idiomas en el Polígono, el III Plan de Igualdad, la intervención en el Pabellón de San Lázaro, la construcción de una pasarela para conectar con el camino del Cordel de Olías desde Buenavista o la dotación de las bibliotecas públicas con fondos bibliográficos para personas con discapacidad, término que, por cierto, "no aparece en los presupuestos", denunciaba Fernández.
En materia de política social, Izquierda Unida quiere que se recoja en los presupuestos un servicio de ayuda a domicilio y servicios de Fisioterapia y enfermería en los centros de mayores, así como recuperar los Centros de Atención a la Infancia "porque es ridículo dedicar más de medio millón de euros para pagar a una empresa".
Por otro lado, y en cuanto a las políticas de emancipación, Txema Fernández defendía la eliminación de la partida del campo de fútbol, "un capricho exclusivo del alcalde", para poder comprar las 42 viviendas que la SAREB posee en Toledo y dar una oportunidad a quienes lo necesitan. "En la ciudad no tenemos un problema con el fútbol", criticaba el portavoz municipal de Izquierda Unida, "tenemos un problema con la vivienda y en eso es en lo que tenemos que invertir".
Talleres de concienciación para los jóvenes en materia de acoso, pornografía, adiciones al juego online y físico y del entorno medioambiental; casi triplicar la partida del plan de arbolado; o la financiación para dignificar los tres patios en los que "sigue habiendo represaliados republicanos, comunistas, sindicalistas y socialistas" haciendo uso de las partidas de la vicealcaldesa de VOX "que no sirven para nada porque son una unidad gestora que no tiene competencia", son otras de las alegaciones presentadas.
"Alegamos a los presupuestos municipales porque queremos que los fondos se repartan en lo que consideramos que son necesidades reales de los vecinos y no promesas que ha hecho el equipo de Gobierno allá donde ha ido", defendía Txema Fernández, recordando que buena parte de las inversiones "están condicionadas a la venta de terrenos que si no se venden dejan a la ciudad sin cuartel de la Policía Local o sin presupuestos participativos, pero eso sí con un campo de fútbol de élite para la elite".
Por último, el concejal de Izquierda Unida reivindica una revisión del plan de subvenciones nominativas, que lleva en vigor desde 2014, para que se puedan financiar proyectos "que sí sabemos para qué sirven". Así, señalaba que las subvenciones a la Junta Pro Corpus y a la Junta de Cofradías, que suman 75.000 euros, "sin saber para qué", y los 30.000 euros de la UCLM podrían servir para, entre otras cuestiones, permitir que la Federación de Asociaciones de Vecinos, que son la voz del ciudadano, puedan contratar a alguien que esté permanentemente alerta de lo que ocurre en la ciudad y en el Ayuntamiento. "Así podríamos garantizar y fomentar la participación vecinal", defendía Fernández, "a no ser que los gobiernos quieran que la voz de los vecinos esté oculta".
Las alegaciones presentadas por Izquierda Unida proponen la detracción de fondos de la oficina de la vicealcladesa, de partidas de los servicios de urbanismo para oficinas, del contrato de bandas de música o de dotaciones para publicidad y propaganda así como del capítulo de inversiones y del apartado de subvenciones nominativas.