Las masacres cometidas por las fuerzas rusas en Ucrania han devuelto al lenguaje político el «genocidio», una palabra en boca, por ejemplo, del presidente Volodimir Zelenski. Penalizada por el Derecho Internacional, esta forma de exterminio es, sin embargo, difícil de demostrar en el frente jurídico.

El término fue acuñado en 1944 por el abogado polaco Raphael Lemkin para dar nombre a los abusos perpetrados por la Alemania nazi contra las minorías, especialmente contra la comunidad judía. La Asamblea General de la ONU adoptó la palabra en 1946 pero no fue hasta dos años más tarde, con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, cuando llegó el punto de inflexión en materia de consenso global. Más de 150 países -Rusia y Ucrania incluidos- han suscrito ese tratado, que recoge los ecos de condena tras el Holocausto para penalizar los actos de abuso dirigidos específicamente contra un grupo por razones de nación, etnia, raza o credo. 

La definición establece que debe haber un elemento físico (un acto) y otro mental (una intención). Esta segunda variable es la más difícil de demostrar, ya que requiere pruebas de que los autores preveían el extermino, pues no vale con la destrucción cultural.

Un grupo de agentes y operarios del cementerio de Bucha identifican los cuerpos de decenas de víctimas. - Foto: STRINGEREn el caso de Ucrania, Zelenski considera que Rusia perpetra un «genocidio», la «eliminación de una nación». Su discurso se ha endurecido tras el descubrimiento de cientos de cadáveres en localidades cercanas a Kiev, como Bucha, controladas hasta hace unos días por el Kremlin. Sin embargo, líderes mundiales como el presidente de EEUU, Joe Biden, reconocen que la definición no se cumple en este caso, si bien el primer ministro británico, Boris Johnson, sí señaló esta semana que la barbarie en Bucha «no dista mucho del genocidio».

Ejemplos históricos

El consenso es más generalizado en el caso de los Balcanes, con la masacre en Srebrenica, o en Ruanda, donde 800.000 personas murieron en la matanza tutsi. En otros sucesos, la mera catalogación sigue siendo objeto de debate y presión política, como el asesinato de armenios en 1945 por el Imperio Otomano.

Otra de las disputas recientes llegó con la represión de las fuerzas birmanas contra la minoría rohingya en 2018. La ONU detectó «intenciones genocidas» en esta campaña, que provocó la huida de más de 700.000 personas a Bangladesh.