Desde hace unos días, parte de los vecinos de Carriches evitan el transitado camino asfaltado que comunica con La Mata. El recorrido de tres kilómetros ahorra el serpenteo por las carreteras convencionales; aun así, el miedo ha cundido entre los 300 habitantes, fundamentado en una denuncia presentada ante la Guardia Civil. El relato es estremecedor, por violento, e inédito en una localidad donde, como en muchas, nunca sucedía nada.
Un joven del pueblo, de unos 30 años, salió hacia las seis de la madrugada hacia su lugar de trabajo. Noche cerrada del 23 de octubre. El conductor enfiló el camino asfaltado ajeno a lo que sucedería dos kilómetros más adelante. En pleno campo. Tres individuos salieron a su paso entre la oscuridad, posiblemente armados con un cúter.
El trabajador paró el vehículo con los tres tipos delante en ese frecuentado camino asfaltado. Inmediatamente, los individuos rompieron la ventanilla del conductor, quien se bajó del coche con las llaves en la mano. Sin tiempo para pensar, arrojó las llaves al campo; a su vez, le caían los golpes.
Entonces, la aparición de un camionero disolvió la agresión. Los tres individuos huyeron por el campo y dejaron a la víctima con un ojo amoratado y un corte leve, posiblemente causado con un cúter. Los servicios sanitarios atendieron a la víctima, quien regresó al pueblo en el camión.
Así lo explica a este diario el alcalde de Carriches, Isidro Castaño, en plena oleada de delincuencia en la comarca de Torrijos y de reclamaciones de los alcaldes de más agentes de la Guardia Civil. «Ha producido mucha alarma. Nunca hemos tenido violencia en el pueblo», reconoce sobre el efecto de esta agresión entre los 300 vecinos del pueblo.
La sospecha que circula por la zona cerca la autoría entre «una pandilla» que se mueve a su antojo de un pueblo a otro. Oficialmente, han alzado la voz La Puebla de Montalbán y El Carpio de Tajo, con una reclamación casi simultánea de más agentes de la Guardia Civil en la comarca.
Las críticas del Ayuntamiento de El Carpio de Tajo incluidas en un escrito reciente al subdelegado del Gobierno en la provincia, Carlos Ángel Devia, ahondaban en esas dificultades para presentar denuncias en los cuarteles. Y mencionaba esperas de horas para la atención de una incidencia. «No sólo genera inseguridad en los ciudadanos, sino, incluso, una sensación de impunidad en los delincuentes que redunda en que, a la postre, redoblen su actividad delictiva», apostillaba el alcalde, Diego Martín.