No ha tenido Pedro Sánchez un buen día.

El Consejo General del Poder Judicial ha considerado al Fiscal General del Estado "no idóneo" para cumplir su cargo, y el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado.

En buena ley no tendrían que sorprender ninguna de las dos decisiones. Días atrás, el Supremo ya anuló el ascenso de la ex fiscal general Dolores Delgado a la máxima categoría profesional, Fiscal de Sala, y advirtió que el Fiscal General, Álvaro García Ortiz, había incurrido en una "desviación de poder" para favorecer a su antecesora y amiga. A las pocas horas, el gobierno ratificaba a García Ortiz como Fiscal General, lo que fue considerado como un aviso al Supremo, con el que Sánchez y su gobierno ha tenido no pocos enfrentamientos en estos años. Fundamentalmente con la Sala Segunda que juzgó y condenó a los miembros del procés, y que posteriormente, como la mayoría de los miembros de la carrera fiscal y judicial, se mostraron críticos con la decisión de modificar el Código Penal para derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación, para favorecer así a los condenados por la intentona independentista de revertir el orden constitucional.

En cuanto a la decisión respecto a la exministra de Trabajo Magdalena Valerio, presidenta del Consejo de Estado desde octubre de 2022, cuando el gobierno propuso su nombramiento ya se produjeron diferentes consideraciones sobre su idoneidad, porque no cumplía uno de los principales requisitos, ser una jurista de reconocido prestigio.

El choque entre las más importantes instituciones del Estado y el gobierno está servido, y las consecuencias serán desastrosas para las muchas personas implicadas, profesionales de buena fe que se toman la administración de la Justicia como un bien de Estado y comprueban que este gobierno antepone sus intereses, sobre todo el interés del presidente, por defender una justicia justa, valga la redundancia. Una justicia independiente ante las presiones del Ejecutivo, entre otras razones porque el Ejecutivo se ha sometido a las presiones de dirigentes condenados por el Supremo, o huidos, que exigen indultos, o amnistía, a cambio de apoyar a un presidente que no consiguió los escaños necesarios en las elecciones.

Lo que probablemente no midió bien Sánchez es que, a pesar de que los fiscales tienen una dependencia administrativa de la Fiscalía General, son capaces de defender su profesionalidad a capa y espada, como los jueces defienden su independencia, y así se están pronunciando estos días la mayoría de ellos. Incluso gran parte de los considerados progresistas.

Tampoco calibró Sánchez que, al contrario de lo que ocurre con quienes no tienen futuro si pierden sus cargos de gobierno, los jueces y fiscales tienen vida propia y una profesión a la que llegaron por oposición y no está sometida a caprichos políticos ni intereses partidistas.

Sánchez cede ante Puigdemont y Junqueras, pero jueces y fiscales están defendiendo el Estado de Derecho ante las arbitrariedades de Sánchez y su falta de respeto a la ley y a las instituciones.