En una confrontación inédita entre dos grandes instituciones del Estado, Tribunal Supremo versus Constitucional, el Órgano de Garantías encara un año clave para desbloquear la ley de amnistía a los líderes del procés catalán.
Con una veintena de recursos encima de la mesa sobre la polémica norma que borra los delitos del independentismo, el Tribunal Constitucional (TC) está llamado a jugar un papel crucial para desencallar su aplicación a los grandes protagonistas del procés, que siguen sin pasar página a su historial penal, mientras la Justicia europea analiza en paralelo la ley.
La institución que dirige Conde Pumpido, con mayoría progresista, tendrá que decidir sobre la constitucionalidad de una normativa que entró en vigor el pasado mes de junio, con efectos dispares: se han zanjado la mayoría de causas abiertas a manifestantes y a policías, pero no así las de los líderes independentistas, con lo que siguen en pie tanto la orden de detención de Carles Puigdemont como la inhabilitación de Oriol Junqueras.
Deberá pronunciarse además sobre los recursos de amparo planteados por los líderes del procés contra la negativa del Supremo a perdonarles el delito de malversación. El Constitucional tiene oportunidad de corregirlo y desbloquear así la aplicación de la amnistía en su caso, aunque el Supremo aún podría acudir a la justicia europea, en su última carta para mantener el perdón en suspenso.
Antes de entrar en materia, el TC tiene previsto decidir en enero sobre la recusación del magistrado conservador José María Macías, que la Fiscalía planteó argumentado que en su anterior cargo de vocal del Consejo General del Poder Judicial intervino en varios informes contrarios a la amnistía.
Posteriormente, el pleno se propone abordar los dos principales recursos contra la ley, el del PP y el del Tribunal Supremo, unas resoluciones que confían tener listas para el verano, según avanzan fuentes jurídicas. Les seguirán los que han formulado, en el mismo sentido, una quincena de comunidades autónomas.
Solo cuando hayan resuelto si la amnistía tiene encaje constitucional, los magistrados estudiarán si el Supremo vulneró los derechos de los líderes independentistas al descartar perdonarles el delito de malversación, con el argumento de que obtuvieron un beneficio personal patrimonial con el procés y que los gastos del 1-O causaron perjuicio a las finanzas europeas.
Pero aunque el Constitucional decida que Carles Puigdemont, Junqueras y el resto de exconsellers deben ser perdonados, el Supremo podría optar por plantear una cuestión prejudicial sobre la ley al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que podría retrasar hasta uno o dos años la decisión.
Debate llevado a Europa
El debate sobre si el delito de malversación es amnistiable se encuentra ya el tejado de la Justicia europea de la mano del Tribunal de Cuentas, que fue el primero en mover ficha y dejar en suspenso el procedimiento contable sobre los gastos del procés, y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha frenado la amnistía de los excargos de ERC Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natalia Garriga, artífices del referéndum.
Tras las cuestiones prejudiciales planteadas por ambos tribunales, que aducen que la amnistía puede colisionar con los principios de la Unión Europea sobre gestión de caudales públicos, el TJUE ha pedido ya a las partes que le envíen sus informes posicionándose sobre la ley.
Aunque Bruselas suele demorarse un mínimo de año y medio en dictar sus resoluciones, no es descartable que en 2025 se pronuncie sobre si la amnistía atenta contra los valores comunitarios, una decisión que podría marcar de forma definitiva el horizonte penal y político de los líderes del procés.
Otro de los frentes que deberá dirimir la UE es si es posible el olvido penal de los delitos de terrorismo que no hayan causado violaciones de derechos humanos, muerte o torturas, como le planteó la Audiencia Nacional.