El grupo municipal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo denuncia que la Modificación Puntual número 31 del POM en vigor de 1986, anunciada por el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, para ampliar el polígono industrial, «permite el cambio de suelo rústico de reserva y de suelo rústico de especial protección a suelo urbanizable de uso industrial, fundamentalmente logístico, tal y como establecía el modelo de crecimiento que proponía el POM del 2007 anulado por sentencia judicial en 2018». Pero además no se han analizado los riesgos de nuevas inundaciones del arroyo Ramabujas.
Con esta Modificación se plantea la utilización de 680.913,11 metros cuadrados, de los que se podrán edificar 427.950,08, «en los que no se han tenido en cuenta ni los factores naturales de la zona, ni el impacto socio-económico de una industria que es solamente el almacenamiento de los productos que se producen en otro lugar.
El nuevo suelo industrial se sitúa a una distancia de nueve metros al oeste del arroyo de Ramabujas, «es atravesado por uno de los viales que conforman el proyecto de ampliación suelo industrial, y no se ha analizado el coste que pude suponer que haya nuevas inundaciones en esta parcela, como la que hemos sufrido en el mes de septiembre precisamente en ese cauce».
«No se ha adjuntado ningún estudio hidrológico-hidráulico o planos que incluyan una delimitación del dominio público hidráulico y zona de policía del citado arroyo, ni la delimitación de sus zonas inundables en régimen de avenidas extraordinarias para los periodos de retorno de 100 y 500 años», ha recordado Txema Fernández, portavoz municipal.
«A la modificación puntual 31 no le falta ningún estudio medio ambiental como dice el alcalde de Toledo, le falta un análisis del coste socio-económico en el que poder conocer a costa de cuántos ingresos municipales vamos a aceptar que se instale en suelo de Toledo empresas que son almacenes de productos que producen otros y cuál es el modelo y coste laboral que tienen esas empresas logísticas», comenta Fernández.
Tal y como dicen los documentos de esta Modificación Puntual, iniciamos un camino de competencia con otros municipios de la provincia que debe ser un «revulsivo para la economía de Toledo que ya se está dando en municipios limítrofes». Sin embargo, no hemos evaluado el coste de urbanización de nuevas infraestructuras a realizar (subestación eléctrica, balsa de tormentas, etc.), el coste social que supone un modelo de precariedad laboral, ni el coste en materia de ingresos.