Por el volumen de fondos que contempla y por sus exigencias, globalmente, el Plan Estratégico es el reto más importante al que se deberá enfrentar el nuevo Gobierno en materia de política agraria. Sin embargo, el desarrollo de esa política con el objetivo de lograr una actividad rentable y competitiva requiere el cumplimiento de otras muchas medidas de política agraria que van desde las mejoras en la actividad productiva en cada explotación a los procesos de comercialización, pasando por la propia organización del sector.
Desde la perspectiva de las producciones en origen, los retos se amontonan. Es importante apoyar, de entrada, un relevo generacional. No hay personas que decidan incorporarse a la actividad. Y es, para que alguien dé ese importante paso, además de vocación es fundamental que haya posibilidades de obtener rentabilidad y que ese trabajo se desarrolle en un medio rural donde poder vivir con servicios y tener salidas para una familia, muy especialmente para los hijos y los mayores.
En este contexto, es fundamental una política agraria que aporte sobre el terreno información y asesoramiento a los profesionales en materia de producción, de tratamiento de suelos, abonados o uso de semillas; que lleve a pie de campo la digitalización, la innovación y los avances de la genética en agricultura y ganadería para luchar contra los efectos del cambio climático, las sequías, las enfermedades emergentes; que se potencien nuevas producciones alternativas… En definitiva, una política que ofrezca la posibilidad de producir con las tecnologías más avanzadas.
En esa política agraria sobre el terreno, al nuevo Gobierno le correspondería dar un nuevo impulso de la Ley de la Cadena para que verdaderamente los productores perciban unos precios que cubran los costes de producción, después de que la reforma de 2021 que ya prohíbe la venta a perdidas en todos los eslabones no haya funcionado todo lo bien que debería. El Parlamento hizo su trabajo para dar una mayor eficacia a la Ley, pero la realidad en muchos casos es que no se logran los objetivos por falta de eficiencia al no disponer de los medios suficientes en la tarea de vigilancia y control de los contratos, cuyo registro ya es hoy, por cierto, obligatorio.
Con la Ley en vigor, siguen existiendo sectores con agricultores y ganaderos sin percibir precios que cubran los costes de producción, lo cual pone en serio peligro la viabilidad de la explotación. Se debe disponer de unas tablas con costes medios debidamente actualizadas por el Ministerio de Agricultura, pero esta labor suele ir con retraso a pesar de que los costes de producción que suben año tras año ganando terreno sobre el volumen de los ingresos.
El seguro agrario.
Una situación similar se repite en el caso de la normativa sobre el seguro agrario. Desde la Administración central, más que desde las comunidades autónomas, se ha hecho un esfuerzo importante en la aportación de fondos hasta alcanzar los 358 millones de euros para subvencionar el pago de las primas, pudiendo llegar la ayuda hasta el 70% si se trata de jóvenes y de profesionales. Sin embargo, queda por delante el trabajo de lograr que las primas respondan a la realidad, que las franquicias sean las justas, que las penalizaciones no sean abusivas… En resumen: para lograr un seguro eficaz que dé seguridad en el caso de un siniestro y no pólizas que solo aseguren la supervivencia. Es cuestión de controlar una norma que garantice precios de coste y revisar otra que garantice producciones e ingresos en la explotación.
De viejo viene que el sector agrario ha dado pasos muy importantes a la hora de producir más, con mayores rendimientos en volumen y calidad, pero que los avances, aunque han existido, se atascan en el momento de la comercialización. Aun así, es obvio que se han consolidado grandes estructuras asociativas -cooperativas u otras fórmulas- para vender y comprar en común, con capacidad para hacer frente a grandes grupos empresariales, aunque con el hándicap de que, en muchos casos, se trata de productos perecederos que no pueden esperar para su venta.
La mejora de estructuras para los procesos de comercialización se mantiene como un reto y una necesidad que se sigue tratando de superar en este momento mediante las Entidades Asociativas Prioritarias -unir varias entidades en una sola-. Actualmente funcionan algo menos de una veintena con un volumen de ventas de unos 5.000 millones de euros. Se trata de una responsabilidad de la Administración el propiciar mecanismos de organización, pero también propiciar cambios para que la responsabilidad recaiga en las manos adecuadas, ya que los dirigentes de ese tipo de entidades, en muchos casos, prefieren ser cola de león a integrarse en grupos más potentes y perder sus mecanismos de control de la sociedad.
Bruselas acaba de poner fin a un proceso de investigación sobre varios grupos de distribución para ver si los mismos llegaban a pactos a la hora de adquirir los productos a los proveedores. La Comisión ha determinado que no existen esos pactos y que, en todo caso, unir sus fuerzas para comprar más barato es una estrategia que va en beneficio de los consumidores. Ante esta filosofía, frente a los grupos de distribución de turno, la concentración de la oferta en el sector agrario se hace más indispensable que nunca.
En materia de representatividad y de interlocución, los mecanismos existentes en el Ministerio de Agricultura se han quedado en algo puramente testimonial, sobre todo teniendo en cuenta que los titulares del departamento consideran a las organizaciones agrarias un instrumento de segunda división. Agricultura sigue sin dar una respuesta al modelo de representatividad en el sector metido como está en otras batallas de mayor calado, situación que se acentúa porque nadie se lo reclama, con la excepción de Unión de Uniones, la cuarta sigla que sigue sin estar como uno más en las mesas de negociación de Atocha.