El 24 de julio de 2013, un tren Alvia descarriló en la curva de A Grandeira, junto al barrio compostelano de Angrois, a poca distancia de la estación de ferrocarril de Santiago, en la víspera del día grande de Galicia. En el siniestro, uno de los más trágicos de la historia ferroviaria española, murieron 80 personas y 145 resultaron heridas. Han pasado 10 años y, coincidiendo con este aniversario, el juicio por el accidente está a punto de llegar a su fin.
A lo largo de esta década, familiares y amigos de las víctimas no han parado de reclamar justicia. Sin embargo, solo hay dos procesados en la causa: el maquinista, Francisco Garzón, y el exdirector de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte. A ambos se les imputan 80 homicidios y 145 delitos de lesiones por imprudencia profesional grave y la mayoría de las partes piden cuatro años de cárcel para cada uno de ellos, al primero por la conducción y al segundo por el análisis de riesgos de la línea entre Orense y Santiago.
En sus intervenciones ante la jueza que se encargará de dictar sentencia, Elena Fernández Currás, Garzón volvió a pedir perdón a las víctimas porque «fue un accidente» y no pudo «evitarlo». Su defensa alega que fue, de hecho, objeto de un delito contra el derecho a la seguridad de los trabajadores, al carecer la vía y el tren del sistema de frenado automático ERTMS.
Por su parte, Cortabitarte culpó al maquinista por la conversación telefónica que mantenía con el interventor momentos antes del descarrilamiento y descargó responsabilidad en la unión temporal de empresas (UTE), el evaluador independiente (Ineco) y también en el Ministerio de Fomento y Renfe.
Avanzado el juicio, el fiscal, Mario Piñeiro, sorprendió a la sala en el momento de las conclusiones al retirar su acusación contra el ex alto cargo del administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif). Considera que cumplió los protocolos de la empresa pública y manifestó «dudas» sobre su responsabilidad en los hechos.
Con este cambio de última hora, el Ministerio Público regresó a la posición que mantuvo en su día el primer fiscal del caso, Antonio Roma, quien también atribuía responsabilidad solo al maquinista.
Por el contrario, el primer instructor, Luis Aláez, apuntó al consejo de administración de Adif. Lo hizo en los inicios de una investigación en los que estaba reciente la apertura de la línea, en diciembre de 2011, marcada por el intenso debate para que el AVE llegase a Galicia cuanto antes. Dicha inauguración se produjo con el socialista José Blanco al frente del Ministerio de Fomento, cargo en el que días después le sucedió la popular Ana Pastor. Ambos fueron figuras destacadas que pasaron por la comisión de investigación que abrió el Congreso en 2018 para tratar de depurar responsabilidades políticas.
En 2019, Blanco aseguró en sede parlamentaria que «no se tuvo en cuenta el tiempo electoral» para inaugurar la línea del accidente y expuso que no tenía conocimiento de la modificación del ERTMS, «ni tenía por qué tenerlo».
En el mismo escenario, Pastor limitó la desconexión del ERTMS embarcado a «una decisión técnica». «Vieron que el sistema no era fiable, que había riesgo, pero es solo lo que he escuchado, yo no puedo hacer una valoración», señaló.
Papel de Europa
En paralelo, la Justicia continuó su curso, un camino largo en el que fue fundamental el papel de Europa. En 2016, mostró su respaldo a las reclamaciones de las víctimas y dictaminó que el Estado español no había hecho una investigación independiente sobre el siniestro. En este ámbito, el Supremo admitió en noviembre pasado el recurso que ahondaba en este aspecto.
La Agencia Ferroviaria Europea (ERA), la Comisión y el Parlamento empezaron a referirse entonces a las causas «raíz» del descarrilamiento, las que van más allá del despiste del maquinista. Esa desatención, lo que la estrategia del conductor del convoy denomina pérdida de conciencia situacional, le llevó a comenzar a frenar tarde y llegar demasiado rápido a una curva que, según Adif, admitía que se tomase hasta a 160 kilómetros por hora (estaba limitada a 80).
Junto a la comisaria Violeta Bulc, la autoridad más relevante fue el ahora ex jefe de seguridad de la ERA, Christopher Carr, quien compareció en el juicio oral. Presentado como un testimonio clave, advirtió que en la línea Orense-Santiago había que tener en cuenta la curva de Angrois y la posibilidad de un exceso de velocidad. Además, fue contundente en el interrogatorio que le hizo la Abogacía del Estado. «Pusisteis en marcha la línea en 2011 y en menos de dos años hubo un accidente», le espetó.