Cerca de un 50 por ciento de las diligencias que se inician en el ámbito de la violencia de género y doméstica se quedan en sentencias absolutorias para el presunto agresor. Un dato que supone, según el fiscal jefe provincial, José Luis Ibañez, que se están produciendo «sentencias absolutorias desproporcionadas respecto a otros delitos».

Argumenta en este sentido que los de este tipo de violencia son delitos «de difícil prueba», fundamentalmente porque «en la mayoría de los casos la acción se desarrolla en la intimidad», y la abogacía no tiene más elemento de prueba que «la testifical de la perjudicada».

Cuando este testimonio cuenta con lagunas, la testigo o denunciante renuncia a su derecho de testificar o decide anular el proceso «nos quedamos sin base, sin pruebas» y se puede producir esa sentencia absolutoria para el presunto maltratador. En ciertos casos, apunta Ibañez, se intenta mantener la denuncia con informes médicos, siempre que en ellos se apunte que la denunciante ha alegado violencia en su visita médica, pero reconoce que en la mayoría de las ocasiones «estas pruebas no son suficientes para el juez». En otras ocasiones, incluso son los propios abogados de las partes las que apuestan por abandonar el proceso y solicitar una sentencia absolutora porque «al final la pareja ha decidido arreglar la situación».

Es en este sentido en el que el fiscal jefe de la provincia ha calificado de «desproporcionado» el número de sentencias absolutorias frente a las propias condenatorias, ya que los porcentajes están a la par, un 50 por ciento aproximadamente de absolutorias por condenatorias.

En la memoria presentada ayer por la Fiscalía provincial y referente a las actuaciones de 2014 se refleja que este tipo de denuncias por violencia de género han sufrido un ligero repunte respecto al año anterior. Concretamente se registraron 770 diligencias frente a las 672 iniciadas en 2013, lo que supone cerca de un centenar más.