Pablo Bellido lleva cinco años y tres meses como presidente de las Cortes. Le faltan otros nueve meses para igualar a Barreda, que es el que hasta la fecha ha estado más tiempo al frente de la Cámara. Cuando llegue 2027 podrá decir que es el único que ha completado dos legislaturas. ¡Y qué dos legislaturas! En la primera le tocó lidiar con un Parlamento en pandemia y en la segunda está encarrilando un nuevo Estatuto después de 42 años, una reforma del reglamento que puede revolucionar el funcionamiento parlamentario y hasta una mudanza histórica.  «No estoy nada preocupado por la trascendencia», confiesa, «estoy preocupado por hacer bien las cosas».

En los plenos de las Cortes hay debates más o menos tensos, pero se cumplen ciertos mínimos de educación. ¿Somos una excepción o es el Congreso el que es una excepción por lo contrario?

Me temo que es más excepcional ahora mismo el respeto y la moderación que los comportamientos más fanatizados de insultos y de faltas muy visibles de respeto que creo que se están extendiendo lamentablemente por el conjunto de instituciones públicas de toda España. Creo que no es exclusivo del Congreso y el Senado, sino que está ocurriendo en otros parlamentos autonómicos y en ayuntamientos. Casi siempre son los mismos actores o pertenecen a los mismos partidos.

«Si hay desencuentro con el Estatuto será por la crispación» - Foto: Javier Pozo¿Por qué no ocurre aquí?

Es algo que tiene que ver también con las personas, que son las que definen hasta dónde quieren llegar.  Aquí cuando uno llega ve que el comportamiento generalizado es respetuoso y educado. Eso ayuda.  También la sociedad de Castilla-La Mancha es particularmente respetuosa. 

Pero la realidad es que no estamos vacunados contra la odiocracia, una fórmula que consiste en que no solo desde el parlamento, sino desde los medios de comunicación, redes sociales se intenta inocular odio en la sociedad. Ahora mismo no hay una vacuna que lo evite.

«Si hay desencuentro con el Estatuto será por la crispación» - Foto: Javier PozoLa llegada de Vox a esta legislatura ha complicado acuerdos tradicionales en temas de mujer o incluso su participación en la Comisión del Pacto por la Infancia ¿Cree que se puede revertir en lo que queda aún de legislatura?

Me gustaría que se revirtiese. La defensa de los derechos humanos es heredera de la victoria de las potencias democráticas  frente al fascismo. Eso ha propagado cosas tan positivas como el movimiento feminista y la búsqueda de la igualdad.

La recuperación de posiciones muy paradigmáticas de los fascismos del siglo XX hace que esos consensos de la defensa de derechos humanos se cuestionen. Es lo que está pasando en toda Europa. No es un fenómeno español. 

Me gustaría que aquellos que creen que los inmigrantes son menos seres humanos que los nacionales o que los niños o niñas hay que defenderlos solo si han nacido en tu pueblo o tu país, dejasen de pensar eso. Me gustaría también que aquellos que piensan que las mujeres tienen que tener menos derechos y que para conseguir esos avances no hace falta hacer acciones positivas,  dejaran de pensar eso. Vamos a trabajar para conseguirlo. Creo que de alguna manera, algunas cosas que en sus inicios ha estado manifestando Vox hoy ya no las defienden con el mismo vigor.

¿Cree que Vox no está en el Pacto de la Infancia por el tema de los menores inmigrantes?

Sí, creo que la ruptura de los consensos en infancia tienen que ver fundamentalmente con los menores no acompañados y con aquellos niños que no han nacido en España. Los niños y las niñas no tienen patria;la única patria es la infancia y el derecho a ser felices y la obligación que tienen todas las instituciones públicas de cualquier lugar del mundo de procurar su felicidad, su bienestar y su educación. 

Se termina ya el plazo para presentar enmiendas para el Estatuto. Después de que llegaran a un acuerdo PP y PSOE ¿teme que ahora se pueda liar?

Los dos grupos se están esforzando en ir de la mano para ofrecerle a la sociedad de Castilla-La Mancha un Estatuto que sea un nuevo instrumento de avances, de derechos y libertades y que tengamos un mejor progreso. Creo que están con la mejor de las voluntades y que es lo que quiere la inmensa mayoría de Castilla-La Mancha. Ojalá que no se frustre ni aquí en la fase de enmiendas, que creo que no, ni tampoco en el Congreso de los Diputados.

¿Hay más peligro de que haya problemas con el Estatuto en el Congreso que aquí?

Sí, siempre hay algún peligro en el Congreso de los Diputados. Me gustaría que la controversia que se ha establecido a nivel nacional, en la cual es prácticamente imposible establecer algún consenso, no envenenase el acuerdo que trae el Estatuto de Castilla-La Mancha. Creo que va a ser así, pero tener confianza no es tener la certeza.

Mirando el contenido del Estatuto, sorprendería mucho que PP o PSOE pusieran trabas en el Congreso a su aprobación. Si hubiera problemas ¿dónde podrían estar? 

Yo creo que en el texto no. De producirse alguna discrepancia o desencuentro profundo tendrá que ver con la lógica de los desacuerdos nacionales, no con lo que hemos redactado, sino con el clima de enfrentamiento y crispación que hay en política nacional.

En la reforma anterior se introdujo una reivindicación de cierre del trasvase que provocó mucho revuelo y probablemente acabó impidiendo su tramitación. Ahora no se mete algo así, aunque las demandas de agua siguen presentes...

Esa batalla del agua que se libraba en 2008, 2009 o 2010 hoy está mucho más a nuestro favor. El impulso del presidente de Castilla-La Mancha con los colectivos más afectados, como las asociaciones de Ribereños, de Toledo y Talavera, la posición de la Unión Europea, el Cambio Climático, las inversiones en desalación que se han hecho en Levante, las denuncias que hemos puesto en los tribunales y que han sido victoria tras victoria... Hoy por hoy podemos decir que el trasvase está tocado y sin embargo la defensa del agua del Tajo está mucho más fuerte que hace tres lustros cuando trabajábamos en otro Estatuto. Tenemos la razón jurídica, la razón social, la razón económica y la razón medioambiental que se materializa ahora mediante la razón política cuando se hagan las nuevas reglas del Tajo.  

¿Qué espera de las nuevas reglas del explotación del trasvase?

Lo que espero es que se cumpla el caudal ecológico que se necesita, que es una cuestión medioambiental y que se establezca una lámina estable en cabecera que garantice tanto ese caudal ecológico en el río como un posible uso económico en Castilla-La Mancha para la agricultura, el turismo, la industria y evidentemente siempre las garantías de abastecimiento humano en Castilla-La Mancha y en toda España. Nunca le hemos querido quitar agua para beber a nadie. Afortunadamente el esfuerzo inversor en desalación que ha hecho el Gobierno de España con los fondos europeos hoy ya garantizan no solo el abastecimiento humano sino también el uso para rendimientos económicos legítimos que nosotros apoyamos, pero que tiene que ser con el agua ilimitada que tiene el Levante con el Mediterráneo y no con el agua muy limitada que tiene Castilla-La Mancha con el Tajo.

Con el nuevo Estatuto se habla mucho de 'blindar' servicios o derechos. ¿Pero hasta qué punto es práctico? Los ciudadanos pueden pensar que también se recogen muchas cosas en la Constitución y luego en algunas zonas tienen problemas de acceso a la Sanidad o no hay vivienda a precio asequible...

Sí tiene un efecto claro porque lo que viene en la Constitución opera en algunos casos como derechos que uno puede exigir y en otros como políticas inspiradoras de la acción de gobierno. Por lo tanto, gobierne quien gobierne no se puede dejar de garantizar un mínimo de educación pública ¿verdad? Hablar de que todos los ciudadanos deben tener a una determinada distancia acceso a servicios públicos como derecho exigible es un avance muy importante para las personas que viven en el ámbito rural. Yo creo que francamente es muy positivo. Si no contásemos con ese marco inspirador, sería mucho más fácil prescindir de esos mismos derechos que al menos orientan la acción de los gobiernos. 

También se blindan órganos, algunos de reciente creación y otros que todavía no tenemos como el Defensor del Pueblo. ¿Obligará a crearlo?

No lo hace de manera inmediata. De lo que se trata es de que Castilla-La Mancha tenga las instituciones necesarias para atender a su población en las mismas condiciones que tienen el resto de regiones de España. Estas instituciones pueden parecer cosas de políticos, pero son las que garantizan o agilizan la materialización de los derechos de los ciudadanos. Si una institución nos ofrece más garantías, será buena y si nos ofrece menos o las mismas garantías que lo que ya hay en España, será prescindible. 

La nueva horquilla de los diputados irá de 25 a 59, ¿pero 59 escaños caben en el salón de plenos?

Yo creo que 59 caben. En este momento, tras la última reforma de la época Cospedal, tenemos un suelo de 25 y un techo de 35. Ahora vamos a tener un techo de 59. ¿Qué fijará la ley electoral? Yo no lo sé. Se tendrá que llegar a un acuerdo con los partidos políticos para concretarlo. 

Ahora mismo somos el parlamento más pequeño de España junto con La Rioja. Pero es que hay tres provincias de Castilla-La Mancha con más población que La Rioja. Es evidente que hay una cierta infrarrepresentación. A mí no me parece el asunto más importante de la reforma del Estatuto, pero es una cuestión que hay que abordar. Si tenemos menos representantes que el resto de comunidades probablemente estemos representando menos bien que en otros lugares, donde tienen la capacidad de acercarse más a sus ciudadanos, escuchar sus demandas, sus propuestas, sus críticas. 

Antes de los 33 diputados había 49. ¿Le parecería una cifra adecuada?

Se han manejado muchas cifras. Yo creo que debemos establecernos en la media de lo que nos corresponde. Hay comunidades autónomas que están muy sobrerrepresentadas  y otras bastante infrarrepresentadas. Nosotros somos la más infrarrepresentada y no creo que sea bueno ser los que menos en nada. No me atrevo a decir una cifra, pero la horquilla de 25 a 59 permite un diálogo positivo entre las diferentes opciones ideológicas que hay en Castilla-La Mancha.

Quizá porque ahora son pocos, cuando salen los diputados del pleno da mucha sensación de escaños vacíos. ¿Cómo se podría meter mano para no dar esa imagen?

Cerrar el salón de plenos con llaves (bromea). Creo que hay una leyenda negra sobre la idea de que los diputados o diputadas no trabajan, que a veces participa de un mensaje antipolítico de que son personas que lo único que desean es venir a cobrar un sueldo y no a trabajar. Entonces se intenta vincular el trabajo en el escaño, en el salón de plenos como la única obligación. Pero yo cuando salgo fuera, a hacer una llamada o a recibir a alguien, veo a los diputados y diputadas haciendo otras cosas, hablando por teléfono, reuniéndose, llegando a acuerdos, atendiendo a personas. Conviene lógicamente que los diputados y diputadas estén pendientes de lo que sucede en el orden del día del pleno, pero no creo que nadie venga desde su pueblo a las Cortes  a pasar el día. Si están en el salón de plenos, están trabajando y cuando están fuera, normalmente están trabajando también.

Ahora el debate de política nacional gira en torno al concierto catalán. ¿Qué le parece?

Yo estoy en contra del acuerdo de financiación singular que considero que básicamente es un concierto a la medida del vasco y que, como no está recogido en la Constitución como el vasco y el navarro, bordea la voluntad del legislador constitucional. Aunque fuese constitucional, creo que es insolidario con el conjunto de España. Como militante del partido socialista, que lo soy, he manifestado que es una propuesta que suspende en socialismo y que suspende en federalismo. No es socialista porque nos aleja de nuestro ideal de igualdad y no es federalista porque no apuesta por la solidaridad.  

Aquí hay personas que pagan impuestos y personas que reciben servicios. Todo lo que hay en medio, como las comunidades autónomas, somos instrumentos para garantizar que los servicios públicos se prestan, pagando más quien más tiene y recibiendo más quien más lo necesite.

¿Cree que una reforma así saldría adelante en el Congreso? Perjudica a muchas comunidades de donde son los diputados que votan...

Anticipar lo que va a pasar en el Congreso es difícil, pero a mí no me gustaría. Creo que nuestro trabajo está hoy por hoy en convencer a la mayoría de que esto no es correcto. De verdad creo que no es una propuesta socialdemócrata. Nos aleja de lo que nos hemos comprometido en la campaña electoral, que era avanzar en igualdad y solidaridad. 

El formato de las comisiones en las Cortes se presta a otro tipo de debates. Cuando comparecen los consejeros es más fácil que los diputados hagan preguntas concretas y que ellos las contesten. Sin embargo hay consejeros que solo comparecen una vez al año por presupuestos. ¿Sería bueno que vinieran más veces?

Yo creo que está bien que los instrumentos de control al Gobierno se perfeccionen. ¿Tienen que comparecer los consejeros? En plenos sí y en comisión también. Y también otros actores del Gobierno como viceconsejeros y directores generales. Se trata de rendir cuentas ante la sociedad y la sociedad está representada en el legislativo. Yo soy partidario de más y mejores instrumentos y en parte se está acordando con el PP cómo se van a hacer. Más trabajo en comisión es muchas veces más trabajo práctico y menos folclore, menos ruido mediático. 

La reforma del reglamento de las Cortes recoge una especie de prestación de desempleo para los diputados que no puedan volver a su trabajo. ¿Por qué introducirlo ahora?

El por qué ahora no lo sé. En España, por alguna situación que me resulta incomprensible, los miembros de los gobiernos y los ayuntamientos tienen cesantías, desempleo, pero los diputados autonómicos y nacionales no. ¿Qué han hecho los parlamentos? Establecer una cesantía, muy parecido a la prestación por desempleo. Una de las pocas regiones que no tenía esto era Castilla-La Mancha. Se ha optado por una fórmula muy similar a la que existe en otros lugares. No tiene más importancia que la de corregir una anomalía que existía. 

Las Cortes se han quedado pequeñas y plantean mudarse a un edificio nuevo, el Quixote Crea, que se quedó a medio construir. ¿Cómo va el proyecto?

Estamos en una fase todavía muy preliminar. Vamos a ver ahora en la elaboración de los presupuestos cómo concretamos quién se hacer cargo de esto y cómo. Estoy pendiente de conversaciones que tengo que tener con el Ejecutivo para ver las fórmulas. Lo que sí parece claro es que si queremos dar un mejor servicio a la sociedad debemos hacerlo en un marco donde estemos con una cierta holgura. No hay un metro cuadrado de este Parlamento que esté desaprovechado y queremos seguir ampliando la nómina de servicios que queremos prestar al ciudadano.