Cuatro millones y medio de techo o de suelo. De ahí partirá una nueva negociación. El jurado regional de valoraciones acaba de fijar en esta cuantía la expropiación del aparcamiento de Azarquiel, una cifra muy alejada de los 285.394 euros que ofrecía y ha abonado por adelantado el Ayuntamiento, y los 22 millones que solicitaba la propietaria, 'Doalca Inversiones'.
Este órgano colegiado, vinculado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha sido el encargado de fijar el justiprecio porque las partes no logran un acuerdo. Sin embargo, a la expropiación de esos 18.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento utiliza como aparcamiento desde 2012 le queda aún mucho recorrido antes de que la administración municipal termine recurriendo este justiprecio al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Según ha podido conocer La Tribuna, ambas partes se reunirán pronto para tratar el tema y fijar posturas una vez que el terreno a expropiar se ha valorado en 4,5 millones de euros. De momento, el Gobierno municipal no tiene una decisión tomada y el siguiente paso será intentar negociar con 'Doalca' para lograr un buen acuerdo, partiendo de que la administración también intentará rebajar el coste fijado.
La estrategia a adoptar, en principio, dejará la vía judicial al margen, al menos, durante algún tiempo, a pesar de que el Ayuntamiento tiene previsto plantear un recurso de reposición contra el justiprecio planteado por el jurado regional de valoraciones al no estar de acuerdo con el dictamen.
De momento, no hay una fecha señalada para la reunión con la propietaria de esos terrenos, pero en las próximas semanas se mantendrá un encuentro en el que la administración municipal buscará el acercamiento con 'Doalca' a pesar de que la propietaria de los terrenos los valore en 22 millones de euros, una cifra que dista mucho de las valoraciones técnicas municipales.
En ese encuentro, el Ayuntamiento fijará una posición clara y contará con la ventaja que le ofrece el inicio de la redacción del Plan de Ordenación Municipal (POM), una buena herramienta para negociar una posible salida amistosa en este expediente expropiatorio que puede verse abocado a una interminable tramitación de años si entra en los tribunales.
En principio, por parte de la administración está previsto plantear varias posibilidades de pago de la indemnización, con lo que buena parte puede satisfacerse en especie. Si bien, es posible que la negociación también vaya más allá de la expropiación en sí, dado que la propietaria de Azarquiel dispone de más suelos en la ciudad y pueden lograrse nuevos aprovechamientos urbanísticos que logren que 'Doalca' rebaje sus pretensiones y pacte un acuerdo beneficioso para ambas partes.
No es la primera vez que ambas partes se sentarían a hablar de posibilidades futuras de los suelos. Ya se suscribió en 2009 un convenio de cesión que se fue renovando hasta 2018 e incluía la opción de que 'Doalca' pudiera hacerse con los derechos de edificación «de 90 viviendas para una densidad bruta de 30,4» viviendas por hectárea» que concedía el planeamiento urbano en su momento, pero no se materializó.
Los tribunales han estado muy presentes en esta pugna desde el principio. 'Doalca' llegó a presentar un recurso al Contencioso-Administrativo entendiendo que el Ayuntamiento vulneraba el convenio de cesión, que incluyó que la propietaria pudiera beneficiarse de aprovechamientos urbanísticos al producirse la adscripción de este suelo a un sector urbanístico dentro del Plan de Ordenación Municipal (POM).
Si bien, su anulación y la tardanza en la iniciación de un nuevo POM llevó a la administración ante el juez y 'Doalca' ganó la partida con una sentencia favorable que obligaba a la administración a devolver la parcela de Azarquiel. Si bien, el fallo judicial que no ha llegado a ejecutarse.
los metros. El Ayuntamiento no está dispuesto en estos momentos a asumir también la zona sobrante de esa parcela de 18.875 metros cuadrados que usa como aparcamiento disuasorio y sobre los que tiene planes para intentar que el Ministerio de Transportes construya una segunda planta debido al paso del AVE Madrid-Lisboa a su paso por Toledo.
La superficie a expropiar ha planteado discusión en los últimos meses, dado que la propietaria del suelo insiste en que el terreno ocupa 31.575 metros cuadrados, puesto que ahí entran terrenos sobrantes y viales. Aunque el Ayuntamiento no esté interesado en aumentar los metros a expropiar, lo cierto es que la propietaria sí tiene derecho a solicitarlo al hilo del articulo 23 de la Ley de Expropiación Forzosa.