Pasan los días y las soluciones ofrecidas por la Guardia Civil a sus propios agentes no terminan de convencer entre el colectivo. Los residentes en las viviendas del cuartel de la ciudad de Toledo deberán abandonar sus hogares el próximo 15 de febrero en una primera hornada de 80 familias. Al respecto, el Instituto Armado ha ofrecido 70 pabellones de la provincia para realojar a todos los afectados, así como un centenar de viviendas externas promovidas por las administraciones y empresas del sector inmobiliario.
Pese a ello, los que tienen que inciar la mudanza de sus familias a estas opciones no se muestran convencidos. Así lo trasladan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), al aseverar que sus representados afectados por este desalojo «están buscando sus propias alternativas de alquiler».
Esto es así porque la asociación informa que los pabellones ofrecidos por la propia Guardia Civil generan nuevos problemas para los realojados, especialmente para aquellos que tengan su vida muy arraigada en Toledo capital. Argumentan que de los 70 pabellones ofrecidos, «sólo unos 20 o 25 están ubicados cerca de la ciudad de Toledo».
Según AUGC, a esa lejanía del amplio territorio provincial respecto a la capital habría que sumarle que la designación en cada pabellón sería «en precario», es decir, que «cuando se produzcan movimientos entre los agentes que sean designados a esos pabellones, los agentes realojados deberán abandonar también esa ubicación».
Un movimiento general de plazas por todo el país que está fijado para el mes de marzo, lo que supone una nueva preocupación para AUGC, al señalar su temor respecto a que haya masivas solicitudes de cambio de destino por parte de los agentes afincados en Toledo. De igual manera creen que la ciudad «no será atractiva» para los nuevos funcionarios que busquen un destino en el que asentarse, por el hecho de no tener residencia en el cuartel durante años. Este último matiz lo añaden porque creen que la futura comandancia no se levantará hasta dentro de unos cuatro años, en vez de los dos anunciados por los canales oficiales.
La Guardia Civil acabó tomando la decisión de construir el nuevo cuartel sobre las dependencias actuales, provocando el desalojo de unas 80 familias en una primera fase inminente y de más de medio centenar en otra que se llevará a cabo en los próximos meses. El Instituto Armado ha comunicado que en cuanto se proceda a los respectivos desalojos se llevará a cabo el proceso de demolición a cargo de una empresa especialista. Además de los 70 pabellones facilitados de manera interna por la provincia, la Junta ha aportado unas 51 viviendas, otras 43 han sido entregadas por entidades privadas y unas 14 por Cáritas Castrense.