La sección primera de la Audiencia Provincial juzgará el miércoles desde las 9:45 un juicio contra dos acusados por un delito agravado de fraude contra la Seguridad Social, contra los que solicita tres años de prisión y una multa proporcional al cuádruplo de la deuda: 921.523,16 euros por la generada entre los años 2014 y 2018.

El escrito de acusación de la Fiscalía dirige la acusación contra M. C. P., de 68 años, y contra C. V. A., de 77 años. Este último ejercía como presidente de la 'Fundación Cofradía del ciento', al tiempo que el otro acusado, desde 2004 hasta el 31 de diciembre de 2019 fue el director de la 'Escuela superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo', nombre comercial con el que operaba esa fundación.

Esta desarrollaba su actividad empresarial desde su constitución en junio de 1998, llevaba la gestión de la escuela y explotaba dos restaurantes abiertos al público. Según la acusación del ministerio público, la fundación no procedió a la cotización por los trabajadores cuyo servicio utilizaba, contrayendo con la seguridad social una deuda global de 425.832,17 euros, correspondiente al periodo entre agosto de 2005 y octubre de 2018. El principal era de 318.113,82 euros, y el resto se refiere a recargos e intereses derivados del principal.

Entre 2005 y 2018, la fundación solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social hasta cinco aplazamientos de deuda, que fueron «sistemáticamente» incumplidos por la entidad. Entre 2015 y 2018, la deuda se incrementó considerablemente para alcanzar un principal de 230.380,79 euros en estos cuatro años.

La Fiscalía añade en su acusación los acusados constituyeron coordinadamente en 2009 la sociedad 'Gestión y supervisión de empresas S. L.' para continuar operando en el tráfico mercantil sin hacer frente a sus obligaciones, en medio de una coyuntura en la que no estaban al corriente de pago y con deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social.

El objeto y la actividad de la 'Fundación cofradía del ciento' y de 'Gestión y supervisión de empresas S. L.' eran coincidentes. La segunda continuaba con la gestión de la escuela y la explotación de los dos restaurantes.

Así, indica que sobre todo desde 2014 hubo continuos trasvases de trabajadores entre ambas entidades, pagos de nóminas por parte de 'Gestión y supervisión de empresas S. L.' a trabajadores de la fundación. Ambas compartían datos de contacto. Los gastos ordinarios de gas, agua y luz los soportaba la fundación, a pesar de carecer de ingresos. 'Gestión y supervisión de empresas S. L.' sí poseía ingresos y no abonaba ninguno de los costes derivados de la utilización del mismo domicilio social.

Por todo ello, la Fiscalía pide contra cada uno de los dos la pena de tres años de prisión y la multa de 921.523,16 euros. Asimismo, solicita la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social durante siete años.

En cuanto a la responsabilidad civil, pide que indemnicen conjunta y solidariamente con 311.008,85 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social.