El Ayuntamiento de Toledo ha pasado el examen médico con nota y continúa con buena salud financiera. El informe de morosidad relativo al segundo trimestre de 2023 no tiene nada que objetar porque las cifras cuadran, la administración paga a sus proveedores dentro de los márgenes legales y dispone de una holgada tesorería. 

Así podría resumirse la contabilidad municipal de abril, mayo y junio, marcada por el periodo electoral, pero los datos dan de sí para ir más allá y confirmar que los proveedores se sienten satisfechos porque sus facturas no se eternizan como ocurría en los malos tiempos económicos del Ayuntamiento, cuando tampoco estaba sujeto a dar cuenta al Ministerio de Economía y Hacienda, que a su vez controla la economía municipal para garantizar la estabilidad y sostenibilidad financiera.

Según los datos del informe trimestral de morosidad, el último disponible hasta la fecha, el Ayuntamiento realizó pagos por importe de 17,8 millones de euros entre abril, mayo y junio, y entre las facturas se incluye la subvención al transporte público y la derivada del mantenimiento de los centros de atención a la infancia y del servicio de vigilancia y control del estacionamiento. 

Además, la demora media en este segundo trimestre se estableció en 43,93 días, con lo que la administración cumple a rajatabla con las directrices del Ministerio de Economía y Hacienda, dado que el límite previsto para el abono de las facturas se sitúa en 60 días, a contar desde la fecha de registro de entrada de las factura. 

En este caso, el pendiente de pago a 30 de junio asciende a 14,1 millones de euros, con un periodo medio pendiente de pago de 24,98 días. Además, la Tesorería exhibe músculo en este segundo trimestre porque disponía de algo más de 55 millones de euros.

Quizá pueda llamar la atención que el Ayuntamiento no abonara más facturas en estos tres meses cuando habiendo dinero de sobra, pero lo cierto es que las facturas pendientes de pago no tenían completa su tramitación, lo que imposibilitó que la administración pudiera pagarlas en este segundo trimestre del año

El dato más llamativo, sin duda, son los 55 millones de euros de Tesorería, un 36,6% más que el dinero que guardaban las arcas municipales en el primer trimestre del año. Se observa una importante recuperación de la liquidez derivada del primer plazo de pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), un tributo con el que se recaudará alrededor de 28 millones de euros según los cálculos municipales, es decir, supone un 25,3% de la estructura presupuestaria de este ejercicio.

A estos ingresos hay que sumar los derivados del impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM), que también se puso al cobro en este segundo trimestre, los fondos europeos disponibles, con independencia de que se estén ejecutando o no los proyectos, y el préstamo de nueve millones que suscribió el Ayuntamiento con Caja Rural para garantizar un buen número de inversiones a lo largo de este año, con un coste de 15 millones de euros.

En este caso, la Tesorería apunta que la financiación de las inversiones evidencia una materialización y pago «desacompasados respecto a los ingresos que las financian». Si bien, habrá que esperar al informe de morosidad del tercer trimestre del año para evaluar de nuevo las existencias de Tesorería, pese a que la liquidez del Ayuntamiento está asegurada y consolidada desde el año 2019, que contó con veinte millones de euros.

Todavía faltan unos meses para conocer el comportamiento de la Tesorería municipal a finales de año y si el Ayuntamiento tendrá pendiente de pago a 31 de diciembre más o menos en relación al ejercicio anterior, ya que 2022 cerró con 8,5 millones de euros pendientes de pago.

más pagos. El informe de Tesorería pone el acento el aumento del volumen de pagos y la rebaja del número de días que se tarda en  hacerlo efectivo respecto a trimestres anteriores. En concreto, de abril a junio el Ayuntamiento abonó 17,8 millones de euros, cinco millones de euros más que en el primer trimestre y rebajó sustancialmente el periodo medio pendiente de pago, de 33,1 días a 24,98 días.

Al respecto, este segundo trimestre del año en curso mejora en cifras en relación al mismo periodo de 2022, cuyo informe de morosidad registró pagos por 10,4 millones de euros con una demora media de 53,27 días, 9,3 días más de retraso.