La comisión de Hacienda que se celebra hoy por la mañana validará la  aportación de 400.000 euros que destinará el Ayuntamiento en el proyecto de construcción del campo de fútbol Carlos III. En este caso, el Ayuntamiento no puede esperar al ejercicio 2026 para disponer de esta cuantía porque es necesaria para licitar las obras. 

En vista de la necesidad, la concejalía de Urbanismo está de acuerdo en ceder los 400.000 euros mediante una modificación presupuestaria planteada como crédito extraordinario al área de Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente. Una iniciativa que cuenta con dictamen favorable técnico y jurídico y la conformidad del interventor municipal.

Una vez que ambos expedientes pasen por la comisión de Hacienda, se elevarán al Pleno de esta semana para su aprobación.

Asimismo, la comisión trae un orden del día cargado de expedientes de modificación de crédito, aunque la mayor parte atienden a facturas con importes moderados. Sin embargo, destaca una de ellas,  por la necesidad de abonar a la empresa Eysa, concesionaria del servicio de ORAen la ciudad, 154.470 euros, por el mes de noviembre. 

A pesar de que el ejercicio económico de 2024 ya se encuentra cerrado, el Ayuntamiento tiene aún pendiente de pago esta factura porque el crédito disponible para el año anterior era insuficiente para afrontar este gasto. Esta situación, según se detalla en un informe de la Policía Local, se produce porque «el importe de las mensualidades varía en función de las plazas ocupadas cada mes, y para las últimas facturas del año el crédito de la partida presupuestaria está agotado. 

El asunto no tiene complejidad, puesto que cuenta con los informes favorables económicos y de control presupuestarios, la conformidad de la concejalía de Movilidad y el pago no plantea ningún desequilibrio en las arcas municipales a pesar de que se tenga que acudir a un reconocimiento extrajudicial de crédito al tratarse de un servicio «que se ha prestado correctamente».

En este caso, la unidad gestora, la propia Policía Local, es la que ha iniciado la operación y ha optado por el reconocimiento de la obligación económica  al considerarlo «más ventajosa para los intereses municipales que la del reconocimiento judicial de la deuda, dado que así se evita el pago de intereses y otros pagos añadidos.

El coste del servicio de la ORAestá desde hace tiempo bajo la lupa del interventor. El último informe al respecto, en relación a las previsiones del presupuesto de 2025, indicaba que mientras no entrara en vigor la nueva zona magenta el servicio sigue generando déficit. A esto se une la dificultad de calcular los ingresos y costes de la ORA año a año, ya que  la recaudación fluctúa en función de la ocupación.