Acción-reacción. Decisión-recurso. Declaración pública-respuesta judicial. Movimiento legislativo-auto del juez. Y viceversa. Cada día se produce una nueva refriega política, parlamentaria o judicial a cuenta de la ley de amnistía. Y cada una de las maniobras políticas o judiciales quedan en suspenso pendientes de la decisión definitiva de los órganos que tiene capacidad para adoptarlas. Si el propósito de los impulsores de la ley de amnistía era sacar definitivamente el procés del ámbito judicial, para convertir el encaje de Cataluña en el resto de España en un expediente a resolver por los métodos propios de la política, ha de concluirse que ha fracasado estrepitosamente porque todo el procedimiento vuelve a estar judicializado y las decisiones judiciales condicionan los últimos movimientos políticos.
El proceso judicial español es sumamente garantista y se rige por unos plazos en los que todas las partes tiene su tiempo para presentar sus escritos, lo mismo que el tribunal encargado para adoptar una decisión. Como una de las partes del proceso, el fiscal de la Audiencia Nacional encargado del caso del Tsunamic Democràtic, Miguel Ángel Carballo, -incluido en el sector conservador de la Fiscalía-, considera que la exposición motivada elevada al Tribunal Supremo por el juez Manuel García-Castellón para que asuma la causa por terrorismo sobre el prófugo Carles Puigdemont y otros está injustificada, inmotivada y tiene una significativa falta de argumentos puesto que no ha incorporado ningún dato nuevo sobre la inculpación de los aforados. El informe del fiscal puede servir de pista de aterrizaje para que los jueces del Supremo rechacen unos supuestos delitos de los que el juez se había olvidado durante cuatro años y tienen sentencias en contra. Ahora se trata de esperar a ver cuál es el tenor del informe de la fiscalía del Tribunal Supremo, y si sigue la línea de los argumentos de su compañero de la Audiencia Nacional, o los refuta.
El rechazo de la ley de amnistía en el pleno del Congreso y la decisión de devolver el trámite a la Comisión de Justicia va camino del Tribunal Constitucional porque el PP recurrirá al Alto Tribunal, una decisión parlamentaria que consideran inadecuada por cuanto la ley recibió más noes que síes y tendría que reiniciarse el trámite para su aprobación, lo que retrasaría unas semanas más su probación en el Congreso, que luego pasaría al calvario del Senado donde la mayoría absoluta del PP tratará de dilatar el plazo para su aprobación. Y todo pendiente también de otros informes jurídicos solicitados por el PP, uno al Senado sobre si la ley se tendría que tramitar, y otro a los letrados del Congreso sobre la validez de la decisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de devolver la ley a la Comisión de Justicia, que sin duda irán más rápidos.
Las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el sentido de qué procesados por el intento secesionista serán amnistiados porque no han cometido el delito de terrorismo ha levantado una nueva tormenta. Desde el PP se señala que con su explicación está tratando de condicionar la decisión de los jueces e interviniendo en su independencia. No obstante, las declaraciones de todos los dirigentes del PP, que no dudan de que Puigdemont ha cometido delito de terrorismo adolecen del mismo problema: tratan de convencer a los jueces que la razón está de su parte.