La economía toledana encara el nuevo año con 3.342 parados menos de los que contaba al inicio del recién finalizado 2023, sin la amenaza de una inflación entonces desbocada y que se ha deshinchado hasta el 3,3% interanual en la última revisión y subida al carro de un crecimiento de la riqueza generalizado en el conjunto del país. La descripción halagüeña no esconde, sin embargo, la presencia de algunas amenazas relacionadas con el maltrecho estado de los indicadores de deuda y déficit públicos, los vaivenes en el ámbito de la vivienda, la posibilidad de una nueva espiral inflacionista vinculada a los precios de la energía y los alimentos y la persistencia de las tensiones geopolíticas. 

El mercado de trabajo, permanente fuente de preocupación para la economía española, luce un dato aseado según los parámetros habituales de este indicador. La tasa de paro escala hasta el 11,93% (si se toman los datos de la EPA del tercer trimestre), una cifra comparativamente magra. Sin embargo, las mujeres suponen dos de cada tres desempleados en Toledo al tiempo que la precariedad lastra a buena parte de las empleadas y los jóvenes: hay más empleo a tiempo parcial del que los propios trabajadores con jornada reducida desearían, mientras se extiende la contratación bajo la modalidad de fijo discontinuo. «Para el Ministerio de Trabajo no son parados», lamenta Fedeto en el último número de su revista. La distorsión que la patronal denuncia incluye a los empleados bajo este tipo de contrato, a los trabajadores en ERTE, a los eventuales agrarios subsidiados y a aquellos que la estadística considera como otros no ocupados.

La renta per cápita anual de los toledanos se situaba en 20.236 euros en 2022. La renovación de algunos convenios colectivos y el incremento del salario mínimo habrán empujado hacia arriba los rendimientos del trabajo, aunque el efecto del alza de los precios determinará si el poder adquisitivo es mayor o menor. Hasta el tercer trimestre de 2023, el PIB había crecido en Castilla-La Mancha un 1,5% según la estimación elaborada por la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). Es uno de los datos más bajos del país, un registro que queda tres décimas por debajo del promedio nacional. La última cifra conocida sobre la riqueza provincial, correspondiente al ejercicio 2022, estimaba en unos 14.400 millones de euros el volumen agregado de los bienes y servicios toledanos. Las perspectivas de los diferentes estudios publicados apuntan a un crecimiento más moderado en el conjunto de la economía española para el nuevo año, un comportamiento que afectará también a la economía de la provincia.

Además, la deuda pública de Castilla-La Mancha roza los 15.700 millones (un 31,2% del PIB autonómico), lo que supone unos 7.600 euros de carga para ciudadano de la región. Se trata de una de las ratios más elevadas del país. Al finalizar el tercer trimestre, el déficit público de la administración regional se ha elevado por encima de los 1.000 millones (casi el 2% del PIB).

El comercio exterior aporta otro motivo de preocupación. El año 2023 culminó, previsiblemente, con el primer recorte del volumen exportador en más de una década. La venta de productos desde la provincia a terceros países se ha contraído respecto al año anterior, un ejercicio de récord. Hasta el mes de octubre, las empresas toledanas habían facturado 2.338 millones en el extranjero, frente a los 2.413 millones del mismo periodo del año anterior. Salvo remontada en los dos últimos meses, el curso 2023 finalizará con un volumen de ventas más bajo que el del año inmediatamente anterior. Las compras en espacios foráneos, sin embargo, se han incrementado en 422 millones, lo que ha ensanchado la brecha desfavorable en la balanza comercial.

El comportamiento del mercado de la vivienda refleja una evolución desigual que se explica por los diferentes factores que confluyen en este negocio. El precio del metro cuadrado en la provincia ha subido un 3,5% en el año, algo por debajo de la media nacional, aunque ha menguado un 0,7% en el último trimestre, según los datos ofrecidos por la tasadora Tinsa. Al mismo tiempo, la población de la provincia ha seguido aumentando (algo más de 15.000 habitantes en el último año) y la necesidad de incrementar la oferta con más vivienda nueva se intuye razonable. En los dos años anteriores, el alza en el precio de los materiales y los altos tipos de interés han frenado a este sector. Los costes han subido y la compraventa de inmuebles ha minorado: hasta el décimo mes del año, se habían firmado en el territorio toledano 6.830 hipotecas, un 13,3% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando el total de préstamos concedidos ascendió hasta los 7.881 según la información recogida por el INE (Instituto Nacional de Estadística).

El repunte del turismo tras el forzoso parón que impuso la pandemia ejerce una influencia limitada en la provincia. Más allá del impacto que tiene en la ciudad de Toledo, la gestión del caudal de visitantes no supone un negocio destacado para el tejido productivo del resto de la provincia. El dato parcial de las pernoctaciones hasta el mes de noviembre muestra un tímido avance, desde las 1,23 millones de noches de 2022 a las 1,31 millones de estancias del año recién concluido.