La Audiencia Provincial alberga juicios con una carga de pruebas que alarga los señalamientos una semana o más. Sin embargo, otras vistas se ventilan rápidamente. Como ayer. Apenas 15 minutos de duración. No obstante, se trataba de una sesión singular porque concurría como acusado un abogado, quien se defendió a sí mismo en ese brevísimo lapso.

El veterano abogado Enrique García atendía llamadas hasta la entrada misma a la sección primera de la Audiencia Provincial. La presencia en los juzgados será recurrente para este letrado, pero en esta ocasión la acusación de la Fiscalía recaía sobre él. El ministerio público pide dos años de prisión por un delito de apropiación indebida y una indemnización de 2.500 euros a favor de un cliente suyo, Feliciano. La acusación particular, representada por el abogado Juan Ignacio Marín, reclama un año y nueve meses de prisión y una indemnización de 4.000 euros.

El abogado defendió su inocencia. Afirmó en el interrogatorio que el denunciante quiso que los 4.500 euros recibidos como indemnización por un accidente de tráfico se abonaran en la cuenta del letrado, quien ingresó después 500 euros en la cuenta de peculio penitenciario de Feliciano, quien cumple condena como atracador de bancos en la cárcel de Ocaña I. «Me sigue debiendo dinero», indicó Enrique después de detraer los 4.000 euros.

El abogado defendió a Feliciano en dos procedimientos previos a esa indemnización de 4.500 euros recibida de una aseguradora en 2017 por los menoscabos en un accidente de tráfico.

Feliciano, quien declaró por videoconferencia desde la cárcel, explicó que quería ingresar los 4.500 euros en la cuenta de su pareja, pero finalmente accedió a que la aseguradora abonara el dinero en el banco del letrado. «Cuando cogió la indemnización, me dejó a mi suerte y no me volvió a coger el teléfono», vino a decir el denunciante, quien sí reconoció haber percibido los 500 euros en el peculio.

Feliciano negó que el abogado le prestara dinero en una ocasión mientras vívia en Pozo Amargo, en Toledo, como había manifestado el letrado en el interrogatorio.

La Fiscalía mantuvo la acusación contra Enrique por apropiarse de 2.500 euros (los otros 1.500 euros corresponderían a sus honorarios). La acusación particular consideró que el abogado actuó con dolo y sin una autorización para el cobro de la minuta.

Por su parte, el acusado expuso que el denunciante podría haber ingresado el dinero directamente en la cuenta del peculio. «Yo le ingresé el dinero que me pidió», coincluyó.