El párroco, Ángel Verdugo, pagó de su bolsillo los roscones. Y unos vecinos del pueblo aledaño, Mohedas de la Jara, encarnaron la comitiva de los Reyes Magos para que Puerto de San Vicente recuperara el día 6 la alegría. Así corrigieron la imposibilidad del Ayuntamiento de organizar la festividad porque tiene la cuenta bancaria y los bienes municipales embargados desde la víspera de Nochebuena. Una deuda cuantiosísima arrastrada desde hace años ha desencadenado la medida cautelar del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Talavera.

«Es una situación muy difícil», indican a este diario en este pueblo de 147 empadronados, el más cercano de la provincia al monasterio de Guadalupe. Terminado Puerto de San Vicente, comienza la provincia de Cáceres. Precisamente, el equipo de Gobierno sube ahora mismo un puerto de primera categoría. Culebrea para intentar corregir las deudas heredadas de años atrás.

Arturo Gómez y su concejales, del Partido Popular, se incorporaron como equipo de Gobierno tras las últimas elecciones municipales. Y ya, a finales de octubre, el alcalde reunió a todo el pueblo en el salón de plenos del Ayuntamiento para informar de la crítica coyuntura financiera.

«Entre todos podremos levantar la situación financiera tan mala en la que se encuentra el pueblo», aventuraba el 24 de diciembre el equipo de Gobierno en pleno trance del embargo de la cuenta y los bienes municipales, incluidos los edificios públicos. El mensaje alentador coincidía con la aplicación de la medida cautelar, contra la que el Ayuntamiento presentó inmediatamente un recurso.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Talavera tomó esta decisión por la reclamación del fondo de inversión Intrum Holding Spain S.L. como parte de un procedimiento de ejecución de títulos no judiciales. La deuda se remonta a un aval bancario adquirido con Caja Castilla-La Mancha hacia el año 2008. Faltan por enjugar 89.211 euros, más 26.700 euros de intereses, a fecha de 2015.

El equipo de Gobierno dispone de una información limitada de los antecedentes de la financiación y las deudas del Consistorio. Por ello, el pleno municipal aprobó el pasado día 30 de diciembre, por vía de urgencia, la comparecencia de la alcaldesa anterior, la socialista Felicidad Oliva. La ahora concejala en la oposición se había ausentado de la sesión por razones de salud.

«No me veo en condiciones de salud de sufrir el acoso que tú, y tu equipo de gobierno, tenéis preparado en mi contra», se justificó además la exalcaldesa.

El equipo de Gobierno pormenorizó públicamente el 2 de enero, después del mencionado pleno municipal, los escollos financieros del Consistorio y las explicaciones que exigen a Oliva. «El destino de la deuda adquirida el 29 de mayo de 2012 con Bankinter, cuyo concepto es pago a proveedores. Por qué no se ha pagado nunca y en base a esa deuda nos retienen mensualmente 1.341,54 euros, de la participación de los tributos del estado. Esa cantidad no llega al pago mínimo que debería haber hecho el ayuntamiento, por ello cada vez se debe más, en vez de menos, debiéndose hoy 582.630,74 euros», detalla.

Además, hay más facturas pendientes desde hace años, por las que el equipo de Gobierno pide explicaciones a la exalcaldesa. Una reclamación de una empresa de espectáculos suma 4.356 euros y sigue la vía judicial. La sociedad limitada de Cebolla tiene la factura pendiente desde 2016.

Queda pendiente también el pago de las orquestas de las fiestas de 2013, 2014 y 2015, con un debe a una empresa de 40.000 euros.

Otra empresa de hormigón amenaza con la interposición de un procedimiento judicial por una factura impagada de 4.174,50 euros en 2022.

«Se está trabajando muchísimo. Se va a conseguir salir de esto», apuntan fuentes cercanas al equipo de Gobierno, que ha pasado de la euforia de lograr cuatro de los cinco concejales en juego en las elecciones del 28 de mayo a encarar una delicadísima coyuntura en un pueblo que ni llega a los 150 empadronados.