La Unión Europea y Mercosur, donde se integran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, han iniciado la cuenta atrás para la constitución del mayor espacio de libre comercio del mundo tras el compromiso suscrito el pasado 6 de diciembre en Montevideo y que ahora debe ser ratificado por el Consejo Europeo y por el Parlamento. Este acuerdo supone el fin de unos trabajos que se han desarrollado con diferentes altibajos durante los últimos 25 y puede tener un fuerte impacto sobre el conjunto de la actividad del comercio mundial. Francia es el país que se ha manifestado más radicalmente en contra junto a otros como Polonia, Países Bajos, Austria o Irlanda, mientras es asumido como globalmente como positivo por otros como Alemania o España.
Sobre el papel, las armas y el peso del acuerdo son la existencia de un bloque UE-Mercosur con un volumen de más de 700 millones de consumidores con una gran capacidad de demanda. 450 corresponden a la Unión Europea, a los que se suman los otros 216 millones de Brasil, casi 50 de Argentina, 7,7 de Paraguay y otros 3,4 de Uruguay. Su importancia radica además en el hecho de suponer un volumen de operaciones en el comercio exterior de unos 110.000 millones de euros. De esa cifra, unos 58.000 millones corresponden a venta de los países de la UE a Mercosur, especialmente en automoción y farmacia, mientras que en las importaciones desde ese bloque -54.000 millones- destacan los productos agrarios y alimentarios -como materias primas para alimentación animal- entre los que domina la soja, de la que dependen en parte muy importante los fabricantes de piensos y la cabaña ganadera española.
En las importaciones comunitarias se suman otros productos entre las que destacan 99.000 toneladas de vacuno, 180.000 toneladas de carne de aves, 30.000 de porcino, 180.00 toneladas de azúcar, 450.000 de etanol, 50.000 de arroz, 30.000 toneladas de quesos o 45.000 toneladas de miel y frutas de hueso. En la actualidad unas 30.000 empresas comunitarias que operan en ese mercado entre la UE y Mercosur, de las cuales casi 10.000 son españolas, la mayoría pequeñas o medianas sociedades.
La puesta en marcha de este acuerdo en este momento supone una apuesta importante por ambas partes para operar en unos mercados cada día más globalizados en los que ya funcionan otros bloques importantes, desde China a Estados Unidos, con fuertes movimientos de entrada de otros países en todo el continente centro y sudamericano. En este escenario de fuerte competencia en los mercados donde cada bloque opera con diferentes armas, uno de los principales retos del acuerdo se centraría en el impulso de las relaciones comerciales desde el equilibrio. En ese objetivo, uno de los instrumentos más eficaces se centraría en el progresivo desmantelamiento de las políticas arancelarias en la próxima década para apoyar la actividad de las empresas, lo que supondría para las mismas el ahorro de unos 4.000 millones de euros.
Desde la parte comunitaria, las propuestas de liberalización contemplan una eliminación gradual de los aranceles en el entorno del 90% para las exportaciones de la Unión Europea a los países de Mercosur, porcentaje similar a la propuesta para las exportaciones desde Mercosur a los países comunitarios. Entre las reducciones arancelarias planteadas por la UE destacaría la referida a los vinos -de entre un 20% y un 35%- el aceite y las frutas, además de contemplar la exigencia de reconocer las más de 300 figuras agroalimentarias de calidad (DOP, IGP) reconocidas por Bruselas.
En este contexto, el progresivo desmantelamiento arancelario plantea nuevas oportunidades para el comercio pero, a la vez, también debilidades, lo que obliga a plantear otros debates sobre cuestiones como las cláusulas de salvaguarda u otras medidas de protección en aras de un equilibrio de intereses en unos mercados con grandes diferencias de costes y donde también deben contar otros aspectos sobre las exigencias de calidad.
Al margen de los aspectos arancelarios o de las medidas de contingentes en las producciones, en relación con el acuerdo desde el sector no se dejan a un lado otros aspectos de importancia para la alimentación que van desde la granja o la tierra a la mesa. En esta línea se hallan la alimentación de las cabañas ganaderas, el uso de anabolizantes, el control del empleo los productos zoosanitarios y además las medidas sobre bienestar animal. En el caso de las explotaciones agrícolas destacan el uso de los productos fitosanitarios y el control de los residuos en la oferta alimentaria. En todos los casos se abunda igualmente en el cumplimiento de otras exigencias en materia laboral de acuerdo con los convenios de la Organización internacional del Trabajo.
El acuerdo -a pesar de las llamadas a la calma de la Administración, desde donde se han recordado los temores sobre los efectos de otros acuerdos-, de entrada, ha sido recibido con protestas desde el sector agrario ante el temor de que las importaciones con aranceles reducidos de productos agrarios o agroindustriales supongan un riesgo para la supervivencia de las producciones propias. A la vez se reclama seguridad alimentaria en esos productos que llegan, con garantías de que no han sido cultivados y tratados con agroquímicos prohibidos en la UE o sin cumplir las exigencias medioambientales, de bienestar animal o el cumplimiento de otras exigencias en materia laboral. Cumplir con todas ellas, entiende el sector, supone unos incrementos de costes en el espacio comunitario con la consecuente pérdida de competitividad -a pesar de ofrecer una mayor calidad y seguridad alimentaria-, favoreciendo así la invasión de productos más baratos.