La inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) en septiembre de 2021 por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) dirigido por Teresa Ribera fue uno de los muchos detonantes que sacaron al sector primario al madrileño Paseo de La Castellana en marzo del año siguiente. La percepción por parte de los ganaderos de un aumento en las poblaciones del depredador, corroborada por un incremento en el número de ataques (y por el censo publicado recientemente por la Junta de Castilla y León) no casaba con la decisión del MITECO y el sector se lo hizo saber a la ministra en las calles de la capital.

Desde ese momento Ribera ha ignorado las reivindicaciones, pero ahora una decisión a escala comunitaria debería hacer que se replantease al situación; o al menos así lo creen las organizaciones agrarias. Hace unos días, el comité permanente encargado de supervisar el Convenio de Berna decidió aceptar la propuesta de la Unión Europea (UE) para rebajar el nivel de protección del lobo, que pasa de ser una especie «estrictamente protegida» a la categoría de «protegida» (cambio del Anexo II al Anexo III).

Este cambio sobre la protección de lobo debe entrar en vigor tres meses después de la publicación de la decisión el pasado viernes, aunque de aquí a entonces no se llevaría a cabo si un tercio (17) de los países que forman parte de la Convención de Berna manifestaran su oposición, precisó el Consejo de Europa, aunque no se espera que esto ocurra. La principal novedad con el cambio de estatuto es que, con el régimen de protección estricta, la caza o la captura de estos animales estaba prácticamente prohibida, restricción que quedará desactivada con la nueva catalogación de la especie.

Bajo el régimen del Anexo II está prohibida cualquier forma de captura intencional o de muerte intencional -lo que incluye la caza-, así como la destrucción o el deterioro de los espacios de reproducción o de las áreas de descanso. Pero con el Anexo III las cosas cambian, ya que la reglamentación sí que puede permitir algunas de esas prácticas, a condición de «mantener la existencia de esas poblaciones fuera de peligro». En ese caso, la caza puede estar autorizada, que es lo que piden los ganaderos.

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) se ha congratulado por la aprobación del cambio de estatus del lobo, lo que permitirá la convivencia con la ganadería, a juicio de la organización. Por contra, añaden, «lamentamos que el Gobierno de España siga manteniendo su rechazo a este cambio de estatus, ignorando los datos reales de crecimiento de la población de lobos en nuestro país y los graves perjuicios que éstos causan al sector ganadero. Instamos al Gobierno de España a alinearse con este cambio, que favorecerá la convivencia entre el lobo y la ganadería. Se deben tomar medidas inmediatas y eficaces, dada la situación insostenible que padece el sector ganadero del noroeste español».

En este sentido, ASAJA reclama además que las indemnizaciones a ganaderos que sufren los ataques de lobos incluyan el lucro cesante, la pérdida genética, los abortos causados por el estrés tras el ataque y que las denuncias se reconozcan mediante una declaración responsable si no se logra encontrar el crotal de identificación del animal, algo que es muy común. Asimismo, ASAJA insta ahora a la Comisión Europea a que incluya a los ganaderos que sufren los ataques de grandes carnívoros dentro de la nueva partida anunciada por el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, destinada a la salud mental, puesto que es uno de los motivos que daña el bienestar emocional de los ganaderos, que se sienten desprotegidos y abandonados.

Unión de Uniones también ha acogido con satisfacción la decisión de los países integrantes del Convenio de Berna. Ahora, la organización agraria pide al MITECO una reunión para tratar la situación de la especie en España, caracterizada por el aumento de la población y de daños, con el objetivo de poder aproximarse a la situación europea.

Unión de Uniones recuerda que los censos autonómicos, que ya estaban en crecimiento cuando se aumentó la protección del lobo, así como los más recientes, como el de Castilla y León (+8% de manadas respecto al censo anterior), constatan un aumento claro en la población que se verá reflejado en el censo estatal de lobo, 10 años posterior al último realizado.

La organización insiste en que a medida que aumenta la población del lobo también aumenta el daño a las explotaciones y que ambos aspectos no pueden tenerse en consideración de manera separada. «Por desgracia, no podemos ni contar con las estadísticas oficiales de daños, cuando las hay, porque el sector está cansado ya de reclamar indemnizaciones que sean rechazadas por las administraciones, de no tener plazo suficiente para encontrar los cadáveres, de que nos digan que son ataques de perros y de que ni si quiera se cubran las pérdidas años después del daño», comentan desde la organización.

«Todos estos daños suponen golpes emocionales para el ganadero y números rojos para la ganadería, pero el MITECO y los consumidores deberían tener claro que esta gestión del lobo también supone precios de los alimentos al alza» concluye Alfredo Berrocal, responsable de sectores ganaderos de Unión de Uniones. «Las administraciones aportan datos a nivel general, donde los daños se diluyen porque incluyen zonas sin lobo, pero hay comarcas de Asturias y Cantabria, por ejemplo, donde los lobos han diezmado a más del 7% del censo de ganado extensivo. No vemos cómo después nos podemos creer discursos sobre ganadería extensiva, el reto demográfico y el relevo generacional».

En cualquier caso, para que se aplique la medida en la UE todavía es necesario cambiar la Directiva Hábitats, la legislación comunitaria que protege los ecosistemas y especies silvestres. Pero en cualquier caso, los estados miembros seguirán obligados a mantener un estado de conservación favorable de la especie y serán libres de mantener el modelo de gestión que estimen oportuno para ello. Y por el perfil de la nueva ministra, Sara Aagesen, no parece que vayan a producirse cambios en España a corto plazo.