El Ayuntamiento de Talavera ha manifestado que todos los trámites seguidos para sacar a licitación el matadero municipal en régimen de alquiler privado se han hecho conforme a la legislación y priorizando los intereses de la ciudad y de sus ciudadanos. Así se han pronunciado desde el Consistorio talaverano en nota de prensa en respuesta a las manifestaciones realizadas por la actual concesionaria del servicio público del matadero municipal, Gypisa, en relación a este proceso.

Desde el Ayuntamiento han asegurado que se «ha velado y seguirá velando por los intereses de la ciudad y de los talaveranos» en el procedimiento administrativo que se está desarrollando respecto al servicio del matadero. Como señalan, se trata de un paso más que se da en este sentido, tras la desafección del servicio público que se aprobó en sesión plenaria en noviembre de 2020.

En este sentido, recalcan que «todos los trámites que se han seguido al respecto se han hecho conforme a la legislación, la legalidad y los procedimientos administrativos para sacarlo a licitación en régimen de alquiler». La motivación de hacerlo con carácter urgente, precisan, es «para dar cumplimiento al plazo que se fijó en febrero de 2021 y que era de seis meses».

Además, inciden en que a este procedimiento se le ha dado debida publicidad en el portal de licitaciones para la concurrencia de las empresas interesadas en la prestación de este servicio, tal y como se hace habitualmente.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que desde el año 2013 no es de obligada prestación este servicio público para el Consistorio; tal y como establece la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de las Administraciones Públicas.

Como destacan, el objetivo del Ayuntamiento con este procedimiento administrativo es «priorizar en los intereses de la ciudad y de los ciudadanos en términos como el mantenimiento de los puestos de trabajo, así como para la continuidad del servicio del matadero como actividad económica y comercial y de apuesta por el desarrollo del sector primario de la ciudad y de la comarca». 

Desde el Ayuntamiento señalan que «serán los tribunales los que tengan la última palabra en esta cuestión» en la que el Consistorio se ha personado «para defender sus intereses y los del conjunto de la ciudad frente a todas y cada una de las demandas planteadas». Subrayan que los pasos que se están dando «son los conformes a la normativa y en aras de desbloquear la situación» y «será el juzgado quien decida», confirmando que esta cuestión «ya está en manos de los abogados del Consistorio».