Castilla y León cumplirá su compromiso de llevar al Tribunal Constitucional la aprobación y entrada en vigor de la denominada 'ley de amnistía' que sirvió para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fuera investido a cambio de la maniobra legislativa que borra los delitos imputados a los cabecillas de la asonada independentista catalana, incluyendo los de corrupción y terrorismo. Así lo avanzó ayer el jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, tras haber comprometido la batalla jurídica a finales del pasado mes de mayo. Una vez armados los argumentos del recurso, que se basa en la ruptura de los principios constitucionales de igualdad ante la ley, el texto será registrado para su evaluación por el TC antes de que expire el plazo legal para recurrir, cosa que sucederá el 11 de septiembre. No será Castilla y León la única comunidad que obligue al Constitucional a retratarse, y probablemente tampoco serán sólo las gobernadas por el Partido Popular las que se revuelvan contra la inmunidad plena concedida a Puigdemont y toda su trama delictiva en el frente político, económico y social. Castilla La Mancha, dirigida por el socialista Emiliano García Page, también anunció que interpondría su propio recurso.
La determinación es preceptiva cuando un poder, en este caso el Legislativo, invade de forma abrupta las competencias de otro, el Judicial, para servir a sus propios intereses. Si todavía queda algún socialista que no admite que la manida ley es el pago a que Sánchez sea presidente a pesar de su derrota en las urnas, no tiene más que revisar las declaraciones de uno de los castellano y leoneses que militan en el consejo de ministros, Óscar Puente. El titular de Transportes fue el primero en admitir lo que es clamoroso: si el PSOE no necesitara los votos del secesionismo para seguir mandando, no habría ley de amnistía que debatir. Es más, el propio Sánchez hizo campaña prometiendo que no habría amnistía -como prometió antes que no habría indulto-, pero volvió a traicionar su palabra tan pronto como necesitó postrarse ante Puigdemont. Eso, como es sabido, no constituye noticia alguna.
No es menos elocuente la primera reacción de las sucursales de Ferraz y Moncloa en la comunidad. El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, tardó poco en vaticinar que el recurso de Castilla y León tendrá poco recorrido en el Constitucional. Es lo que sucede cuando los tribunales de los que depende el crédito, la independencia y la decencia del sistema judicial español se reparten por cupos políticos a conveniencia de los gobiernos de turno, y en este caso la conveniencia es, además de impresentable, clamorosa.