Enrique Sánchez Lubián reconstruye desde hace año y medio la historia de los presos franquistas que levantaron la Academia de Infantería tras el final de la Guerra Civil. El periodista recupera las biografías de aquellos centenares de forzosos albañiles que erigieron el emblemático edificio militar. La investigación, que cristalizará en un libro que se editará en 2025, centró una conferencia celebrada en la tarde de ayer en el centro cívico de Santa Bárbara.
Los estudios del coronel José Luis Isabel son el punto de partida del estudio de Sánchez Lubián. La obra del militar, ahora en la reserva, abunda en las características constructivas de la obra y refleja su importancia para el Ejército español. Las aportaciones de Isabel incluyen la presencia del testimonio de uno de los obreros que trabajó en la construcción de la Academia. Es, precisamente, esta declaración la que impulsó la búsqueda en la que Sánchez Lubián se encuentra inmerso. «Me tiré a una piscina y no sabía si había agua», relata.
El rastreo por diferentes archivos, incluidos el Provincial de Toledo, el Militar de Madrid y Guadalajara o el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, ha facilitado la identificación de unos 2.500 presos que se afanaron en la obra de la Academia. Más allá del volumen y de los nombres de cada uno de ellos, Sánchez Lubián indica su interés por la población de origen, la profesión que habían desarrollado antes del estallido bélico, la condena que se les impuso o la fecha y las condiciones en que salieron en libertad. La investigación trata de desempolvar las «experiencias» de estas personas y el «bagaje político» que tuvieron.
«Algunos se quedaron a vivir en Toledo», cuenta. Las penas de destierro alcanzaron hasta los 250 kilómetros desde el lugar de residencia, lo que les animó a establecerse en Toledo. Hubo quienes tampoco regresaron a sus anteriores hogares «por el estigma o por no tener trabajo». También existieron familias que se instalaron a orillas del Tajo para acompañar a sus presos. Fueron, por tanto, aquellos obreros libres, los que cumplieron su pena y decidieron mantener su puesto en la construcción de la dotación castrense, quienes nutrieron el barrio de Santa Bárbara, el más próximo a la Academia.
La provincia reunió tres de las seis colonias penitenciales militarizadas, los campos de trabajo con que el franquismo castigó a parte de la población reclusa. Este servicio, en funcionamiento hasta 1960, empleó 450 millones de pesetas en obras públicas de gran magnitud, de los que la mitad se destinaron a la Academia, una actuación que correspondió a la quinta agrupación, la de Toledo. Talavera y Añover de Tajo fueron las otras dos localidades de la provincia con estas colonias.
Jaén fue el territorio con mayor número de presos en la unidad que operó en Toledo. También fueron nutridos los aportes desde Almería, Granada, Alicante, Valencia, Madrid o la propia provincia.
El acuartelamiento se levantó sobre el antiguo barrio de San Blas, un espacio diseminado formado por casitas bajas, granjas y vaquerías, que reunía a unos 300 vecinos. Las expropiaciones se costearon con 600.000 pesetas; además, se emplearon unos 800.000 metros cuadrados para la infraestructura militar. Las obras se iniciaron a finales de 1941 y el comienzo de 1942.