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El principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera sigue dando quebraderos de cabeza al Ayuntamiento de Toledo. La reciente aprobación de la ley del racionalización y sostenibilidad de la administración local ha abierto un frente con el que no se contaba desde el equipo de Gobierno municipal. Se trata de la empresa pública ‘Toletum Visigodo’, encargada, tal y como figura en su objeto social, de la «promoción, construcción o rehabilitación de edificios» y a la «conservación y adecuación de los recursos culturales» de la zona del yacimiento arqueológico de la Vega Baja. Una sociedad en vía muerta desde junio de 2012, cuando se celebró su último consejo de administración, acordando por unanimidad su disolución una vez arreglara la permuta de suelo para la instalación de El Corte Inglés en la parcela denominada ‘Vega Baja II’, actualmente asfaltada y convertida en el aparcamiento disuasorio de Mas del Ribero.
Dicha operación figura en las cuentas de la sociedad como un ingreso de 601.012 euros que habría que devolver si la marca comercial decidiera no instalarse en la ciudad, algo que de momento no ha sido incluido en su plan de expansión ni tiene visos de ser en los próximos años.
Así, aunque la defunción de ‘Toletum Visigodo’ lleve vinculada a la llegada del Corte Inglés, lo cierto es que esta podría producirse mucho antes merced a la entrada en vigor de la nueva ley.
Y es que, en su disposición adicional novena, referente al ‘redimensionamiento del sector público local’, concretamente en su punto 4, se hace referencia a aquellos «organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones y demás entes» que a la entrada en vigor de esa ley no estén en situación de «superávit, equilibrio o resultados positivos de explotación», deberán estar «adscritos, vinculados o dependientes directamente a las Entidades Locales (Ayuntamiento) en un plazo de tres meses o proceder a su disolución en «seis meses».
Dicho en plata, o el Consistorio toledano asume el control de ‘Toletum Visigodo’ y asume su deuda -unos 220.000 al cierre de 2011, más los 600.000 que había que devolver al Corte Inglés- o quedará automáticamente disuelta «transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de esta ley». Concretamente, en junio de 2014.
Además, toda vez que Toletum tiene la particularidad de que está participada a partes iguales por Ayuntamiento de Toledo y Junta de Comunidades (un 40% cada una), la ley reserva un párrafo para esos supuestos obligando a la «transmisión de su participación» a las entidades locales; es decir, la Junta deberá pasar su porcentaje al Consistorio.
De esta forma, se viene a cumplir el requerimiento realizado el pasado mes de septiembre por el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento, que mediante un escrito identificaba al Consistorio toledano como responsable de ‘Toletum Visigodo’ y le solicitaba la clasificación de la sociedad en el sector de la administración pública o en el de las sociedades financieras a efectos de inventario para poder evaluar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. ‘Toletum Visigodo’ lleva, además, sin presentar sus cuentas al registro mercantil desde 2009.
FCC construcciones. Por si no fuera suficiente, el Ayuntamiento podría verse en la tesitura de tener que responder de la demanda de la constructora FCC, que este mismo año acudió a los tribunales a reclamar 1,8 millones de euros, más intereses de demora y una indemnización de otros 278.100 euros, por el impago por parte de ‘Toletum Visigodo’ de diversas obras de urbanización realizadas en la Vega Baja y su entorno entre los años 2005 y 2009.
La constructora se curó en salud por si acaso la entidad público-privada no tuviera liquidez, solicitado en su día que se declare la responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento de Toledo y de la Junta de Comunidades, a los que acusó de realizar un «uso fraudulento» de la sociedad -en la que cada una posee el 40%- para alcanzar un «enriquecimiento ilícito».