Que en España existen inmuebles y construcciones que nunca se han declarado a Catastro no es ninguna novedad. Lo saben todos los ciudadanos. Como botón de muestra, la caseta de campo que se transformó en un atractivo chalé de segunda residencia, una habitación más sobre la terraza de un ático, la piscina o el garaje construido en la parcela o el jardín. Miles y miles de metros cuadrados evaporados, porque no existen en la realidad jurídica ni tributaria, aunque sus propietarios los disfruten a diario, bañándose, aparcando o, simplemente, recreándose en la vivienda.
Esa especie de amnistía catastral ha acabado, ya que Hacienda rastrea desde el aire ampliaciones de hogares o piscinas para que los ayuntamientos recauden más con el Impuestos de Bienes e Inmuebles (IBI). El Catastro ha empezado a revisar tres millones de pisos y chalés para regularizar las reformas y ha enviado a los propietarios de más de 1.000 municipios una carta en la que les comunica la apertura de un expediente, que conlleva el pago obligatorio de 60 euros por no haber declarado alteraciones en la mejora que se traduce en un aumento de muchos metros cuadrados.
El Gobierno lo ha denominado «una realidad inmobiliaria no revelada» ya que sus propietarios no estarían pagando el IBI ni el gravamen sobre la renta de las personas físicas (IRPF). De este modo, por medio de este catastrazo, se lograrían mayores ingresos tras el registro, aunque sin sanciones ni multas.
Esta regulación, que entró en vigor en 2013 y que se extenderá hasta 2016 conformará un situación fiel de dichas construcciones. Por tanto, varía al alza la cuota a pagar del único impuesto cuya recaudación ha crecido más del 45% de todos los ingresos que obtienen las corporaciones, que son las únicas administraciones públicas que registran superávits en sus cuentas por la subida dicha tasa.
VALORES PRESCRITOS. Además, los municipios podrán exigir el pago de la parte proporcional que se obtenga con el nuevo valor catastral de los últimos cuatro años, ya que los anteriores se consideran prescritos, más los correspondientes intereses de deuda.
Este cambio también modifica la imputación de rentas en el IRPF de las viviendas no habituales ya que los contribuyentes tributan en el 1% y el 2,1%, del valor catastral y que, a partir de ahora, será superior. Del mismo modo, afecta al pago de la tasa sobre plusvalías (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de la Naturaleza Urbana) que se aplica al producirse la venta de una propiedad.
En resumen, a través del uso de fotos áreas, Hacienda está incrementando las nuevas superficies construidas, comprueba su realidad física y legaliza las alteraciones o cambios de usos en dichos inmuebles. Son reformas habituales en los hogares que no han sido comunicadas, pero que son conocidas por los ayuntamientos porque en su día concedieron la licencia de obras, así como de aquellas otras que se han ocultado con intención de defraudar como es la de construir una casa en un terreno urbano. Catastro subraya que cualquier alteración ha de ser notificada en un plazo de dos meses después de su realización.
Esta comprobación masiva, que se generalizará en todo el territorio nacional, salvo País Vasco y Navarra, comenzó en 176 municipios en 2013, se extendió a 1.000 en 2014 y continuará este año.