Quiere “centrar la realidad de la ocupación ilegal de inmuebles” en Castilla-La Mancha. El delegado del Gobierno de España en la región, Francisco Tierraseca, ha explicado que ese es uno de los objetivos por los que ha creado una comisión específica y que también por eso ha pedido un informe de este fenómeno a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por los datos preliminares saca una primera conclusión: “La problemática de la ocupación ilegal de la vivienda en la región no es que una persona baja a comprar el pan y cuando vuelve a su casa se la ocupan”.

Tierraseca ha sacado esta conclusión por varios datos que tiene ya sobre la mesa. Uno de ellos es que el 90% de las viviendas ocupadas son propiedad de bancos y fondos de inversión. Otro de los datos claves que tiene es que solo el 25% de los propietarios “han formalizado una denuncia o han manifestado su oposición a la ocupación”. Es decir, que hay un 75% que no denuncia, tres de cada cuatro.

También apunta que el fenómeno de la ocupación ilegal no se reparte igual por toda Castilla-La Mancha. “La provincia más afectada es Toledo, seguida a continuación de Guadalajara”, indica. Las otras tres provincias, Albacete, Ciudad Real y Cuenca, están afectadas “en menor medida”.

De estas primeras conclusiones se ha hablado esta mañana en la Comisión regional de Ocupaciones Ilegales de Inmuebles en las que se dan cita de forma permanente los jefes en la región de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el delegado del Gobierno y a la que hoy se ha invitado también al fiscal superior. “Queremos ir a la raíz del problema y actuar de la forma más eficaz con los instrumentos legales que tenemos a nuestra disposición”, señaló.