La calculadora en el Ayuntamiento ha echado humo en las últimas semanas haciendo cálculos y sumas para dar con la cuantía exacta que tendrá que abonar a Valoriza, la concesionaria del contrato de limpieza y recogida de basura en la ciudad, en concepto de intereses por retrasos a la hora de abonar distintas  y antiguas facturas, algunas en 2007, 2008 y 2009, cuando la concesionaria se llamaba Sufi. 

En este caso, se trata de un antiguo conflicto que saltó a la vía judicial en su momento y tras varios años en los tribunales el asunto está más claro y la administración tendrá que ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de febrero de 2019, aunque el enfrentamiento seguirá abierto hasta que se pronuncie de nuevo la Justicia. El Ayuntamiento tiene la facultad de calcular los intereses a pagar a Valoriza y tras distintos informes, valoraciones e interpretaciones sostiene «que para ejecutar la sentencia hay que reconocer una obligación de 767.677,16 euros, pero la última palabra la escribirá un juez.

En principio, el Ayuntamiento contará con margen suficiente de tiempo para hacer frente a la resolución judicial, dado que el juzgado tiene que pronunciarse de nuevo sobre los nuevos cálculos municipales, que ofrecen una variación sustancial si se compara con el primer informe de Tesorería, en el que se indicaba un importe de 521.965,76 euros. 

Al margen de lo que dicte un juez y del plazo que disponga la administración para abonar estos intereses a Valoriza, lo cierto es que el Ayuntamiento quiere actuar con cierta previsión para soportar un gasto tan abultado que no puede salir de la Tesorería sin más y exige un suplemento de crédito.

Por tanto, el equipo de Gobierno municipal lleva a la Comisión de Hacienda del lunes este asunto con la finalidad de ir preparando una modificación de crédito para hacer frente, al menos, a esos 767.677 euros de deuda, teniendo en cuenta que el tribunal tiene que validarla primero. La administración dará pasos en la tramitación de este expediente administrativo y tras el dictamen de Hacienda irá a Pleno de la próxima semana.

En cualquier caso, el Ayuntamiento es consciente «de que se trata de un gasto derivado de la ejecución de una sentencia que se debe atender», según consta en un informe de Tesorería, y la vía más factible  es a través de una modificación presupuestaria que, probablemente no tenga que ejecutarse este año. 

Aun así, esos 767.677 euros se computan como uno de los grandes gastos del remanente de Tesorería que el Ayuntamiento dispone -19,8 millones de euros- tras la liquidación del ejercicio 2023, de los cuales únicamente quedarán 3,9 millones de euros para gastar una vez que se efectúe el pago, ya que el Ayuntamiento ha ido tirando de este remanente para obras en el Casco, por valor de más de 4 millones de euros, a los que se suman 1,7 millones de euros del reequilibrio de Unauto y varias partidas más para ejecutar obras o distintos proyectos en la ciudad. No obstante, el órgano de Gestión Presupuestaria y Contabilidad pone el acento «en el uso elevado, concretamente en un 80,09%», del total de remanente de Tesorería.

En esta ecuación, Valoriza continúa teniendo mucho que decir, puesto que tiene abierto un incidente en la ejecución de esta sentencia al no estar de acuerdo con la cuantía propuesta de Tesorería. La concesionaria  considera «que le corresponde un importe muy superior a esta cantidad y reclama un millón de euros», como figura en el informe.

Los cálculos. El Tribunal Superior de Justicia permite al Ayuntamiento calcular los intereses y la Tesorería ha emitido un reciente informe en el que puntualiza y recalcula esa deuda conforme a la legalidad vigente. En este sentido, entiende que las facturas emitidas en 2007, 2008 y 2009 sobre las que se efectuó el pago carecen de base para que Valoriza reclame intereses porque «han transcurrido más de cuatro años y el plazo ha prescrito», según la Ley General Presupuestaria.

Asimismo, la Tesorería insiste en que las facturas de 2007 fueron rechazadas por el Ayuntamiento «por incumplir el pliego de condiciones». Sin embargo, para evitar que la concesionaria  sufriera daños «por falta de pago» y la administración pudiera caer en «un enriquecimiento injusto» por la actuación inadecuada de Sufi, se abonaron tres entregas a cuenta hasta que las certificaciones se presentaron de forma correcta.

El Ayuntamiento también se mostró en desacuerdo con otras facturas que la concesionaria no registró en aquel momento, con lo que se opone al pago de intereses al no figurar fecha de inicio del cómputo de obligación de pago que exige la legislación. También señala que los tipos de interés reclamados no son los aprobados por el Banco de España.