La patronal toledana Fedeto organizó una jornada sobre la obligación del reciclaje de envases por parte de las empresas, una realidad establecida por el real decreto 1055/2022 y que entrará en vigor el próximo 1 de enero. Las diferentes ponencias señalaron la importancia que tendrá el sistema compartido de responsabilidad ampliada del productor (Scrap), un proyecto recién creado y alumbrado desde el mundo empresarial que prevé una respuesta «colectiva» por parte de las diferentes industrias. 

El marco legal fija para las empresas que ponen tales embalajes en el mercado una responsabilidad que hasta la fecha recaía en los consumidores. El decreto reclama a las compañías «atender el final de vida del envase», explica Marcelo Miranda, presidente de Envalora, la entidad que impulsa los Scrap (una solución similar a Ecoembes para el reciclaje). La legislación, además, exige a las compañías mantener una serie de registros, dotar de garantías financieras al sistema de gestión para garantizar que los envases van a ser tratados, reportar información o elaborar planes de prevención, entre otros requirimientos.

El proyecto Scrap apuesta por un tratamiento «más eficiente» de los envases «de distinta naturaleza» al realizarse de manera conjunta. Miranda estima más de 900 las empresas adheridas a esta iniciativa, una treintena de ellas de Castilla-La Mancha. Compañías del sector químico, de los plásticos o la construcción apoyan la idea y financian los costes de «una apuesta importante de la industria para satisfacer esos requisitos». La intención es que Scrap «alcance una dimensión» notable y el tratamiento de los envases «no suponga costes adicionales» a las empresas.  

Iniciativas de divulgación de la nueva realidad, como la jornada celebrada en Fedeto, tratan de conjurar los «riesgos de que algunas empresas lleguen tarde y no sean conscientes de esa necesidad de registrarse, declarar y poner en la factura los datos pertinentes», apunta Miranda, quien describe una «fase de espera o desconocimiento de las implicaciones» que el decreto conlleva y que pueden suponer «un esfuerzo de gestión y económico» para aquellas compañías que no apliquen tales directrices a partir de 2025.

Por su parte, la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro, ratificó el compromiso de la Administración regional en aras de «acompañar, divulgar y escuchar a las empresas y sus necesidades». La responsable adscrita a la Consejería de Bienestar Social insistió en la importancia de «agilizar los trámites» para permitir, sin dilación, el trabajo de los Scrap en la región.

Manuel Madruga, secretario general de Fedeto, refirió la importancia de «capacitar» a las empresas de la provincia en el ejercicio de su actividad, un trabajo que también incluye la adaptación de su operativa al decreto de