Viticultores y bodegas no atraviesan su mejor momento como consecuencia de la caída de la demanda, tanto en el mercado interior como en las ventas en el exterior. En este contexto, el Ministerio de Agricultura abrió el pasado lunes -y lo mantendrá hasta el 28 de febrero- el periodo para la presentación de las solicitudes para la autorización de nuevas plantaciones de viñedo en 2024.

Esta nueva regulación aprobada por la Administración, pero a iniciativa de viticultores e industria bodeguera, está marcada por la limitación de nuevas superficies de cultivo con la idea de para ajustar la oferta a la demanda y evitar situaciones excedentarias con problemas de precios para la cadena y costes añadidos de regulación. Con estas últimas resoluciones oficiales, las nuevas plantaciones en 2024 ascenderán con carácter general a un máximo de 928 hectáreas, equivalentes al 0,1% de la superficie registrada al pasado mes de julio, que ascendía a 928.000 hectáreas.

En las últimas décadas, la necesidad de un ajuste entre la oferta y la demanda, de adaptar el potencial vitivinícola a las posibilidades del consumo, tanto en el mercado interior como para la exportación, ha sido prácticamente una constante para la que se debieron articular diferentes medidas, desde el campo a la industria elaboradora. Hace varias décadas, especialmente entre los años 80 y 90, la superficie de viñedo se situaba en casi 1,6 millones de hectáreas, lo que dio lugar a diferentes programas de reestructuración y reconversión de los viñedos, especialmente en los territorios más excedentarios. Ello se tradujo en arranques de cepas con apoyo de la Administración, en unos casos, y en otros con replantaciones con nuevas variedades que dieron lugar a mayores producciones. En campañas concretas, con previsiones de fuertes producciones, se aplicaron políticas como la vendimia en verde para reducir las cosechas, así como controles, reducción y limitación de rendimientos máximos por hectárea en el marco de algunas denominaciones de origen, todo ello en el contexto de una fuerte caída en la demanda de vino por persona y año.

En la actualidad, con esas 928.000 hectáreas, las producciones de vino y mosto se sitúan en una media de unos 35/36 millones de hectolitros, unos 30 millones solamente en vino, lo que supone una cifra bastante ajustada a las necesidades de la demanda; ajuste que no se da cuando la misma superficie, gracias a unas buenas condiciones climáticas, ofrece unas cosechas que se van por encima de los 42 millones de hectolitros. Hoy la estrategia de freno sobre el potencial vitivinícola puesta en marcha para este año por la Administración responde básicamente a las recomendaciones de la propia Organización Interprofesional del Vino, de la que forman parte viticultores y las bodegas, ante el comportamiento de los mercados y dentro de la normativa comunitaria.

Descenso permanente.

Según los datos manejados por la Organización Común del Mercado del Vino, en los últimos años se ha mantenido una línea casi permanente de caída en la demanda de vino como consecuencia de diferentes factores que van desde la publicidad negativa para el consumo de alcohol hasta el alejamiento de los más jóvenes frente a la mayor demanda de otras bebidas como la cerveza, sin dejar a un lado los altos precios con los que opera la restauración.

En el caso del mercado interior, la demanda cayó de más de 12 a menos de 10 millones de hectolitros; y en la exportación desde los 24 a los 20 millones de hectolitros. Esta situación obligó en el pasado a adoptar medidas excepcionales de ajuste como la transformación de los excedentes en alcohol, el empleo de la vendimia en verde destruyendo racimos, la limitación de los rendimientos por hectárea o las políticas de arranques y replantaciones parciales de hace décadas, mediante las que se pagaba por eliminar hectáreas y plantar una superficie inferior, pero con mayores rendimientos.

Otra de las notas características de la actual situación del sector es el incremento de las ventas de los vinos blancos y rosados y el descenso de los tintos, lo que provoca prudencia a la hora de proyectar nuevas plantaciones. Lo cierto es que los blancos han pasado de suponer el 20% de las ventas a más del 30%. Y que la demanda de los tintos ha sufrido, en consecuencia, una reducción paralela, sobre todo los de mayor graduación y de un mayor envejecimiento frente a los vinos más jóvenes.

En este contexto se puede destacar el alejamiento de la población joven que, en buena medida, opta por otras bebidas como la cerveza o el agua. Tampoco se puede obviar el peso en la demanda de vino de los precios elevados de una copa en hostelería, sin que haya correlación con los precios en bodega y, más atrás en la cadena, con los que se pagan a los productores de la uva.

Con el objetivo de ajustar la oferta a la demanda, las situación es muy diferente en cada una de las denominaciones de origen, por lo que cada consejo regulador se ha planteado sus propias estrategias encaminadas a ajustar producción y ventas y con ello evitar tanto un deterioro de su imagen -por una situación excedentaria- como posibles problemas de precios y subsiguientes destilaciones de crisis.

En Rioja, con más de 60.000 hectáreas y donde en los últimos años han sufrido problemas por unas elevadas existencias, las autorizaciones para nuevas plantaciones de 2024 a 2026 son de solamente 0,1 hectárea. En Ribera de Duero, con una superficie de unas 27.000 hectáreas, aunque sin problemas de excedentes, las nuevas plantaciones solo serán de 200. Una posición similar es la adoptada por el Consejo Regulador de Cava: 0,1 hectárea sobre las 38.000 existentes; en este caso se imponen los planteamientos de los viticultores y bodegas de Cataluña frente a las ganas de crecer, entre otros, de los extremeños de Almendralejo, los valencianos de Requena o de Rueda, donde ya se acordó el pasado año aumentar en solo una hectárea la superficie de cultivo cada año hasta 2026.

Todo para que no sobre vino. Otra cosa serían estrategias, que no existen y se echan de menos, para aumentar la demanda.