En un momento de especial relevancia política, con las primeras conversaciones para encauzar los Presupuestos para 2022 ya iniciadas, la detención en Cerdeña del expresident Carles Puigdemont pone a prueba la apuesta por el diálogo con Cataluña impulsada por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El papel de ERC es clave en ambas negociaciones, una vez que JxCAT, su socio en el Govern, prefirió no sumarse a la mesa activada en Barcelona hace apenas una semana por Sánchez y el líder de la Generalitat, Pere Aragonès, así que todas las miradas se fijan ahora en la respuesta de los republicanos.

Por su parte, el líder del PSOE dejó bien claro que su empeño por el diálogo sigue intacto, si bien volvió a pedir a Puigdemont que se ponga a disposición de los tribunales españoles, desvinculando así su situación del rumbo de otras posibles negociaciones.

«Hoy más que nunca es importante reivindicar el diálogo, porque el diálogo es la única vía para poder reencontrarse», proclamó.

Tras Sánchez compareció Aragonès en Barcelona después de una reunión extraordinaria del Govern, para exigir la «libertad inmediata» de Puigdemont y anunciar su partida a la isla de Cerdeña a fin de seguir de primera mano todo lo que suceda con el expresident.

El republicano no dudó en considerar «gravísima» la situación porque, advirtió, «no ayuda en nada» al proceso de resolución del «conflicto político» catalán ni genera «confianza entre las partes», y reveló contactos en las últimas horas entre los equipos de la Generalitat y de Moncloa.

Así, aunque está claro que los cauces entre ambas instituciones siguen abiertos, todavía es pronto para evaluar el alcance que la aplicación de la euroorden pueda tener en rumbo de un curso político marcado por unos Presupuestos que deberían contribuir a la necesaria recuperación económica.

Lo ocurrido ha vuelto a poner al expresident en el centro del debate y dado munición a Junts para justificar su espantada de las conversaciones y alentar una vía soberanista beligerante, alejada de la más pragmática defendida por ERC.

El vicepresident, Jordi Puigneró, afirmó que el tiempo «está dando la razón» a quienes apuntaban que la mesa no iba a detener la «represión», mientras la presidenta del Parlament, Laura Borràs, expresó «perplejidad» por la actitud de Italia e instó a movilizarse en favor de la autodeterminación.

También aquí está por ver el peso que la cuestión catalana y las derivaciones judiciales del caso de Puigdemont puedan tener para complicar la elaboración de las Cuentas Públicas, hasta ahora marcada para los socios de gobierno de Podemos por asuntos de calado económico, como los impuestos a las grandes empresas, la regulación del alquiler o la reforma laboral.

Extradición y juicio

Fuera del ámbito del Ejecutivo, la oposición no dudó en aprovechar la oportunidad para cargar las tintas a la hora de exigir la extradición y puesta a disposición de Puidgemont ante el Tribunal Supremo.

El líder del PP, Pablo Casado, instó a Sánchez a hacer todo lo posible para que sea juzgado en España mientras el vicesecretario de comunicación del partido, Pablo Montesinos, le pidió además que rompa sus acuerdos con ERC.

Mientras, Vox anunció que tratará de personarse en la causa para impulsar el enjuiciamiento y por parte de Cs, Inés Arrimadas incidió en las consecuencias que el episodio pueda tener de cara a la negociación presupuestaria.