El nuevo presidente argentino, Javier Milei, busca blindarse, al menos, hasta finales de 2025 por medio de su nuevo proyecto de ley de emergencia que le otorga poderes casi absolutos. El dirigente ultraliberal envió ayer al Congreso el texto, que afectará a casi todos los ámbitos de la economía, la política y la sociedad de Argentina, y permitirá que se deleguen facultades legislativas en el poder ejecutivo bajo el pretexto de una emergencia múltiple.
La llamada ley de «bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos» llega una semana después del polémico decreto de necesidad y urgencia (DNU) que sancionó el presidente ultraliberal y que entrará hoy en vigor.
De aprobarse el proyecto, los legisladores de la Cámara Baja permitirán que el Ejecutivo declare la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, provisional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta, al menos, el 31 de diciembre de 2025. La emergencia podrá prorrogarse por dos años, lo cual abarca todo el mandato de Milei.

Sistema electoral

Milei pretende sustituir el actual sistema de elección de diputados, que se reparten proporcionalmente mediante el sistema D'Hondt, por un sistema de circunscripciones o distritos únicos como el que funciona en EEUU o el Reino Unido.
Además, el proyecto contempla la eliminación de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias y la implementación de la circunscripción electoral única.

código penal
El proyecto también propone una modificación del Código Penal para elevar las penas a quienes «sin crear una situación de peligro común impidieren, estorbaren o entorpecieren el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas», que podrán ser sancionados con entre uno y tres años y medio de cárcel.
Además, quienes convoquen a más de tres personas y organicen una «reunión o manifestación» de este tipo podrán ser condenados a entre tres y seis años de prisión.

Privatizaciones

Según el proyecto de ley, el Gobierno podrá privatizar hasta 41 empresas estatales con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica.
Entre las compañías públicas sujetas a esta situación se encuentran, entre otras, Aerolíneas Argentinas, el Banco de la Nación Argentina, la petrolera YPF, los ferrocarriles, la agencia de noticias Télam, la Casa de la Moneda o Nucleoeléctrica Argentina.

Retenciones al campo

El documento también establece que los productos agrícolas que hoy no tienen derechos de exportación pasarán a tributar un 15 por ciento, lo que se traduce en una subida de las retenciones aplicadas a la actividad agropecuaria.

Legítima defensa

En materia de seguridad, el proyecto amplía los supuestos en los que se podrá aplicar la figura de la legítima defensa. Así, «la proporcionalidad de la defensa debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo».

Educación

En enseñanza, el proyecto plantea la creación de un examen final para los alumnos que hayan concluido la educación secundaria.

Operaciones militares

El texto también autorizaría el ingreso de fuerzas militares extranjeras en Argentina «para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado».