El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha denunciado este martes la reciente decisión del Gobierno de prohibir el uso de vehículos históricos con más de 30 años para actividades agrícolas.
Esta medida se enmarca en el nuevo Reglamento de Vehículos Históricos, aprobado por el Consejo de Ministros, que actualiza una normativa para adecuarla a la legislación europea actual.
A través de una nota de prensa, Moreno ha criticado esta decisión, y ha señalado que las directrices que pactan en Europa PP y PSOE afectan de manera directa a los agricultores de Castilla-La Mancha, que dependen de estos vehículos para el desarrollo de sus actividades.
"Una vez más la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo y toda esa política globalista y progresista de Europa impone normativas que perjudican a los castellanomanchegos sin tener en cuenta las particularidades de nuestra región", ha declarado Moreno.
El reglamento, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, establece la prohibición general de utilizar estos vehículos lo que, en palabras de Moreno, representa "un nuevo golpe" a los agricultores de la región, que a su parecer "ya sufren una grave crisis económica" y ahora se verán "obligados a prescindir de herramientas vitales para su trabajo".
Asimismo, ha criticado que esta medida se implemente apenas 15 días después de que finalice el plazo para solicitar las ayudas del Plan Renove, lo que dificulta aún más la situación para los afectados.
Además, esta normativa europea "pone la pelota en el tejado de los ayuntamientos, a quienes Europa insta a establecer fórmulas en sus ordenanzas municipales para hacer cumplir esta norma en sus respectivos municipios".
En esta misma línea, el presidente parlamentario ha recordado que VOX CLM presentó, en el mes de julio, una iniciativa para defender a los profesionales del campo que tienen problemas para trabajar con sus tractores debido a que la legislación no admite la homologación de sus cabinas en las inspecciones anuales y exigiendo una compensación para los agricultores y ganaderos que han sido perjudicados por esta regulación.