Los desahucios se incrementaron en la provincia el pasado año después de dos ejercicios consecutivos a la baja. Durante 2024, se registraron 528 ejecuciones hipotecarias, un 16,3% más que el año anterior, cuando se produjeron 454 hechos de este tipo en Toledo. El último dato conocido es también superior al de 2022, cuando se acumularon 504 casos.

Pese al incremento en el número de desahucios en el último año, el indicador se mantiene en el rango bajo de la serie histórica. El último valor, algo por encima del medio millar de ejecuciones, queda muy lejos de los más de dos millares de casos que se registraron en 2012 y 2013.

El impacto de la crisis económica que se inició en 2008 disparó los desahucios. Los desalojos, especialmente aquellos que se producían sobre viviendas habituales y en casos de vulnerabilidad económica, se convirtieron en uno de los principales problemas sociales del momento. Las iniciativas ciudadanas que surgieron al calor de aquel problema emergente -la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se convirtió en la más reconocible- abogaron por un cambio en las condiciones que regían este procedimiento legal. Además, reclamaron a los poderes públicos protección para evitar que personas sin recursos pudieran quedar a la intemperie.

La recuperación económica que comenzó a partir de 2016 alivió las cifras de ejecuciones hipotecarias en la provincia. En apenas siete años, el impacto se redujo de forma significativa: en 2012 se constataron 2.324 desahucios, una cantidad que menguó hasta los 397 en 2019. Se adivinan dos factores como causas de la mejoría: por una parte, la creación de puestos de trabajo impactó en las rentas familiares en un contexto de baja inflación; por una parte, los tipos de interés próximos a cero e incluso negativos facilitaron la devolución de los préstamos contraídos para costear los inmuebles.

La llegada de la pandemia, cuyo mayor impacto socioeconómico se concretó en 2020, no alteró de forma clara las cifras. En Toledo, hubo 414 ejecuciones hipotecarias en el año cero de la pandemia. Cabe señalar, como parte de las medidas paliativas por tan excepcional situación, la suspensión de los desahucios, una propuesta consagrada en un real decreto ley -sometido a posteriores prórrogas. En cualquier caso, los lanzamientos se siguieron produciendo. De hecho, en 2021 se incrementaron hasta los 678 casos.

Desde la emergencia sanitaria, la evolución de este indicador ha mantenido una cierta estabilidad. El castigo que el confinamiento supuso para algunos empleos y los efectos de la posterior inflación, concretados en pérdida de nivel de vida y un mayor de coste de financiación de la deuda, no han elevado, al menos hasta el año pasado, los desahucios en Toledo.

La estadística que proporciona el Consejo General del Poder Judicial incluye los casos de ejecuciones hipotecarias presentados en los juzgados de primera instancia e instrucción, también aquellos que incluyen otros bienes inmuebles distintos a la vivienda, tales locales comerciales, naves industriales o terrenos rústicos. La no devolución del crédito suscrito para la adquisición de la propiedad implica la pérdida de los derechos sobre estos edificios.

UNA EVOLUCIÓN DISPAR. Desde 2007, se han producido unos 21.000 desahucios, lo que supone un promedio de casi 1.200 ejecuciones por año. Entre 2008 y 2015, epicentro de la crisis derivada del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, se sobrepasó ampliamente el millar de casos por año, con cuatro ejercicios por encima de los dos millares. Posteriormente, las cifras han sido mucho más reducidas, otro síntoma de los excesos que dejaron los primeros años del siglo en el mercado inmobiliario.