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Malas relaciones entre la Policía Local de Illescas y el Ayuntamiento. Al menos así lo explican desde el colectivo policial que han llegado incluso a acudir al Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo, por vulneración de derechos fundamentales. Y es que, denuncian los agentes locales, la concejala del área firmó un decreto por el cual obligó «a todos los efectivos que se encontraban librando» a prestar servicio en la mañana del 31 de diciembre en la carrera popular de San Silvestre, «evento planificado con meses de antelación, en clara vulneración de los derechos de dichos agentes, ya que legalmente sólo es posible obligar a prestar servicio extraordinario en casos de catástrofe o calamidad y sobre ello existe abundante

jurisprudencia», indican.

Y el trasfondo de esta mala relación entre cuerpo policial y equipo municipal radica en el intento por parte de Alcaldía, dicen, de «aprobar unilateralmente una relación de puestos de trabajo en la que se ningunea al colectivo policial».

Porque los policías quieren negociar en esta materia, y ante la negativa han tomado la determinación de ejercer «su derecho legal a no hacer más horas extraordinarias hasta que haya una negociación real en la que se tomen en consideración las reivindicaciones, tanto salariales como de condiciones laborales, de este colectivo».

Al respecto, matizan desde el cuerpo policial, que desde octubre se vienen produciendo carencias graves en el servicio de policía por «la falta de efectivos» lo que deriva en que muchos turnos sólo cuenten con una pareja de servicio «en un municipio de 30.000 habitantes como es Illescas», alertan. Una situación adversa que, advierten, consiguen suplir para poder ofrecer un servicio de calidad a los vecinos con «la voluntad de los Policías de hacer horas extra». 

Defienden desde la Policía que «en todo momento la actuación de este colectivo ha sido escrupulosa con la legalidad y orientada a la continuación del servicio con el mayor grado de normalidad de cara al ciudadano, teniendo que multiplicar esfuerzos los agentes actuantes en muchas ocasiones a fin de cubrir con una pareja lo que deberían cubrir dos o más».

Sin embargo, lamentan que «el discurso del señor alcalde se ha vuelto notablemente más tenso» y temen que lleve a cabo «la amenaza de hacer un cambio unilateral del cuadrante de trabajo de la Policía, medida que, nuevamente sería ilegal, pues la normativa vigente impone que el cuadrante sea pactado entre ambas partes, aplastando con ello el derecho a la conciliación laboral y familiar». 

Ante esta situación, y esperando que haya avances en las negociaciones, el colectivo policial de Illescas clama por el respeto a la «más absoluta legalidad vigente, con los límites que la misma impone, y que constituyen legalmente líneas rojas y no son susceptibles de ser libremente interpretadas por el señor alcalde»

Así pues, advierten que seguirán respetando la ley y el compromiso con los vecinos, pero también dejan claro que responderán «con nuevas acciones legales contra cualquier nueva vulneración de nuestros derechos o de la ley, pues es el único mecanismo de que disponemos para defendernos».

El Ayuntamiento defiende la legalidad del decreto y aboga por el acuerdo en la mesa de negociación

Contemplando que están «en su derecho» de plantear los recursos que consideren necesarios, el portavoz del equipo de Gobierno municipal   de Illescas ratificaba ayer que el decreto objeto de denuncia «es legal» y «no vulnera ningún derecho fundamental». Recuerda Francisco Rodríguez que el colectivo policial ya acudió a la justicia con este recurso solicitando medidas cautelarísimas para dejarle sin efecto, una petición que fue denegada. Además, aprecia Rodríguez, el decreto «goza de todos parabienes de los servicios jurídicos municipales y en materia de recursos humanos».

Reconoce al respecto de aquella jornada del 31 de diciembre que los cuadrantes están hechos con tiempo pero sin contemplar circunstancias excepcionales. Así pues, al margen de la San Silvestre, Illescas celebró ese día, fin de año, las tradicionales migas en la calle, una tradición que también está sometida a la climatología por lo que bares y restaurantes deciden solicitar los permisos para sacar sus barras a la calle con menos previsión de tiempo.

«Se habló con ellos para buscar la fórmula para reforzar la presencia policial, pero como no hubo disposición de abordarlo desde el punto de vista de la negociación y como teníamos que actuar en defensa de los intereses de los ciudadanos se tuvo que hacer por decreto», indica Rodríguez que agradece, no obstante, «el exquisito trabajo de la Policía en esos días independientemente de que decidan recurrir sus derechos». 

Respecto a la negociación de la RPT, niega tajantemente el portavoz municipal que se esté intentando aprobar de forma unilateral. «La ley lo impide», subraya sobre lo obvio de tener que abrir una negociación con la representación sindical al respecto. Y añade Rodríguez que el «procedimiento está vivo», es decir, la negociación no se ha cerrado aunque matiza que «negociar no significa que desemboque en acuerdo». En este sentido, apela a la conciliación de intereses  porque el objetivo del equipo de Gobierno es, dice Rodríguez, «que se apruebe una RTPcon el mayor grado de consenso y acuerdo posible con los representantes de los trabajadores que confiamos en que defiendan a todos los funcionarios municipales». Señalando que los puntos de partida de la RPT«no eran asumibles» insiste Rodríguez en que «para eso están negociando».

Finalmente, en lo que se refiere a la queja de que el alcalde pueda llevar a cabo un cambio del cuadrante de la Policía, defiende con ironía el portavoz municipal la valía de José Manuel Tofiño para este menester pero desmiente tajantemente este extremo con un coloquial «no tiene otra cosa que hacer».

Dice Rodríguez que, por supuesto, el cuadrante lo hacen los mandos de la Policía Local y que lo que tienen que contemplar son «las necesidades del municipio» como ciertas fiestas locales, regionales o nacionales, citas deportivas, y otras que «son recurrentes». «No hay que tener en cuenta situaciones particulares de la plantilla sino atender al interés público, porque son funcionarios públicos para lo bueno y malo», sentencia Rodríguez.