Unas 10 horas empleó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en registrar el pasado miércoles el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como ordenó el juez del Supremo Ángel Hurtado. Un período en el que los agentes se incautaron de una copia íntegra del contenido de sus dispositivos y correos electrónicos, a fin de evitar la «eliminación intencionada» de datos, en el marco de la investigación en su contra por presunta revelación de secretos de la causa de supuesto fraude del novio de Isabel Díaz Ayuso.

La jornada en el número 4 de la madrileña calle Fortuny arrancó como cualquier otra, hasta que varios efectivos de la UCO se personaron en la Fiscalía General del Estado. A priori, su presencia no llamó la atención porque suelen participar en las investigaciones con el Ministerio Público. Pero ese día venían para otra cosa.

Cuando así lo notificaron, se abrieron las puertas del despacho de García Ortiz para que los agentes -un grupo reducido- hicieran efectivo el mandato judicial, con la colaboración de los propios informáticos de la Fiscalía. Dio así comienzo una jornada maratoniana, que se extendió desde las 12,30 hasta las 23,00 horas.

Todo ese tiempo se empleó en hacer un volcado íntegro del contenido de los dos teléfonos móviles de García Ortiz -el oficial y el personal-, un ordenador de mesa y otro portátil, una tablet y multitud de USB. Simultáneamente, la UCO registró el despacho de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada en la causa por presunta revelación de secretos. En su caso, al contenido informático se sumó copia en papel de los correos electrónicos que dieron origen a la investigación.

El factor sorpresa, como en toda entrada y registro, fue determinante. El propio instructor, el juez Hurtado, dejó negro sobre blanco en su auto que el objetivo era «evitar la eliminación intencionada de información que pudiera ser de interés para la investigación».

Secreto de actuaciones

El magistrado del Supremo declaró el secreto de las actuaciones para ordenar después la entrada y registro, una decisión de la que el Ministerio Fiscal no era consciente cuando la Guardia Civil irrumpió en el edificio de la calle Fortuny número 4.

El auto de registro se notificó a la Fiscalía -ya que siempre está informada de todas las decisiones judiciales aunque las causas sean secretas, tal y como establece la ley- pero los tiempos fueron determinantes para que ese documento no llegara a conocimiento de García Ortiz antes de que entrara la UCO.

Cabe recordar que en esta instrucción se da una circunstancia excepcional, y es que el fiscal general -principal imputado- es el superior jerárquico de los demás fiscales, incluida la teniente fiscal del Alto Tribunal y encargada del caso, María Ángeles Sánchez Conde.

Una vez descubiertas las cartas, se advirtió que el fiscal general no estaba acompañado de abogado alguno en una diligencia de este calado. Legalmente no es obligatorio salvo que esté detenido, si bien la inspección se paró para que pudiera dar aviso.

Idéntica situación se dio en el despacho de Rodríguez. Desde ambas sedes se comunicaron con la Abogacía del Estado, que envió al letrado que ya representa a la fiscal provincial desde que fue imputada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el primer caso, y a un abogado de guardia para que presenciara el registro en la FGE.

Ya con los dos presentes, la Guardia Civil emprendió su trabajo. Hurtado fijó únicamente dos límites al mismo: uno sustantivo, que la información incautada guardara relación con los hechos investigados; y otro temporal, desde el 8 de marzo hasta ese 30 de octubre.

Momento clave

La fecha del 8 de marzo es clave en esta causa porque, según señaló el propio Supremo en el auto por el que se encausó a García Ortiz, el fiscal del caso contra el novio de Díaz Ayuso, Julián Salto, declaró que ese día fue cuando Rodríguez le informó de que el investigado por presuntos delitos fiscales era la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y «le pidió copia de la denuncia ya visada».

Corresponderá ahora al Instituto Armado cribar la ingente cantidad de información obtenida de los dispositivos y emails de García Ortiz y Rodríguez para localizar aquella que realmente afecte a la supuesta revelación de secretos investigada por el Alto Tribunal desde aquel 8 de marzo.

El Supremo abrió causa contra García Ortiz el pasado 16 de octubre, en base a las querellas presentadas, entre otros, por el propio González Amador y a la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En concreto, el novio de Ayuso llevó el caso a los tribunales por una nota difundida el pasado 14 de marzo por la Fiscalía donde se daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y Salto para negociar un acuerdo en la causa de presunto fraude fiscal.

El Supremo, sin embargo, no apreció delito en la citada nota de prensa, sino que puso el foco en las filtraciones anteriores sobre esos emails a los medios de comunicación nacionales.