Luis Ernesto proclamó ayer su inocencia de los delitos de agresión sexual y amenazas a una joven menor de 16 años y manifestó en el interrogatorio que desconocía la edad de la denunciante. «No hice nada malo», expuso el treinteañero, quien permanece en prisión preventiva desde marzo de 2023. Sí reconoce que mantuvo relaciones sexuales, consentidas. Su letrado pidió la absolución por la falta de verosimilitud del relato de la chica. «Es falsedad tras falsedad. No hay prueba de que mi cliente supiera la edad», indicó el abogado.

La postura de la Fiscalía y la acusación particular es totalmente contraria a la defensa. El ministerio público y el abogado del turno de oficio piden 12 años de prisión por agresión sexual con acceso carnal vaginal y otros dos años por amenazas, así como una multa por lesiones leves. Difieren en la cuantía de la indemnización: 12.000 euros reclama el fiscal y 100.000 euros la acusación particular.

El acusado negó cualquier forzamiento y amenazas a la denunciante en unos hechos ocurridos en el verano de 2022 en Sonseca. Además, negó conocer la edad de la menor pese a los vínculos de amistad con el novio de la chica y a la asistencia a un cumpleaños reciente de la joven. Precisamente, unos testigos apuntaron que sí tenía que conocer la edad porque estuvo en la celebración poco antes de los hechos anunciados, pero otros aseguraron que no pisó el lugar aquel día.

La edad es fundamental porque se considera agresión sexual cualquier relación de un adulto con una menor de 16 años, salvo excepciones por proximidad de edad y madurez. El acusado tiene 13 años más que la joven.

El acusado y la denunciante coincidieron esa noche en una discoteca junto con más amigos; alrededor de unas 40 personas continuaron la fiesta en una vivienda, donde supuestamente ocurrieron los hechos.

La denuncia de la menor se formuló meses después, a raíz de una visita al centro de salud en marzo de 2023. El médico identificó síntomas vinculados a una agresión sexual como miedo, vergüenza o ansiedad. Por su parte, la psicóloga forense no apreció contradicciones entre el relato judicial y policial de la menor. «Lo que dice es coherente y tiene consistencia», apreció la experta.

 El abogado de la defensa reclamó una vulneración de los derechos fundamentales del acusado durante el proceso judicial, como parte de la munición para pedir la absolución. Además, mencionó «las contradicciones evidentes» en las pruebas testificales de la acusación; entre ellas, mencionó las de la denunciante ante la Guardia Civil y el juzgado.