Comisiones Obreras convoca a los 120 trabajadores de la plantilla de Cocemfe-CTS a una huelga indefinida que comienza este jueves. Así lo hace después de 24 meses de retrasos en las nóminas, y en un momento en el que el último sueldo que ha llegado a los trabajadores es el de julio (fue la pasada semana).
El secretario provincial, del sindicato, Federico Pérez, exige a la empresa una solución inmediata, que pase por el abono de las cantidades pendientes, o que si no es viable, libere a los trabajadores para que puedan percibir el paro. Se da la circunstancia de que 83 de estos empleados ya han demandado a través de CCOO la extinción de contrato. También pidió Pérez un control a la Junta de sus subvenciones públicas, se preguntó dónde está el dinero que cobra Cocemfe, para que luego ella no pague a sus trabajadores, «lo único que sabemos es que tiene graves problemas financieros, cuando sus clientes principales están abonando las facturas y cuando la administración está cumpliendo con las administraciones que tiene que aportarle».
Porque la empresa tiene trabajadores subcontratados para diversas áreas, como la textil, jardinería o limpieza, entre otros. Los problemas comenzaron, apuntó el presidente del Comité de Empresa, Javier García Barroso, cuando el Grupo Amiab compró el 51 por ciento de CTS. Así que hace responsable subsidiaria de lo que ocurra al mismo.
La convocatoria de huelga, apuntó Pérez, se hizo en verano, pero se ha ido aplazando por diversas negociaciones en las que la empresa ha puesto sobre la mesa distintos compromisos de pago que ha venido incumpliendo y un intento de que gran parte de la plantilla fuera subrogada, pero todo se ha ido al traste.
Igual trabajo, menos sueldo. García Barroso denunció que los centros especiales de empleo, como este, «forman parte de una trama empresarial». En esta, en concreto, los 120 trabajadores «no están muchas veces a igual trabajo, igual retribución». Es decir, estos centros aportan trabajadores a empresas en las hacen el mismo trabajo que los demás, pero no cobran según convenio, sino muchas veces el salario mínimo. Además, CTS «ha tirado con pólvora del rey», con grandes inversiones en su centro en el polígono industrial y también ha puesto dinero en la empresa de un tercero en Olías.
Además, señaló Luis Gutiérrez, de la Federación de Enseñanza, explicó que tampoco se está cumpliendo el compromiso de contratación indefinida a los tres años.
Pérez ha valorado que «nos encontramos ante un escándalo puntual de una empresa, como el Centro Especial de Empleo, y ante un escándalo global, como es la utilización de los centros especiales de empleo con ánimo de lucro de la figura de los trabajadores con discapacidad». Se trata, recordó, de trabajadores con capacidades no limitantes «a los que se les exige la misma producción que un trabajador ordinario, pero al que se le entrega un salario muy inferior al que le correspondería por el convenio sectorial».
Al sindicato le enfada, apuntó Pérez, cuando se utiliza la «responsabilidad social empresarial», que «no deja de ser un bonito envoltorio para disimular lo que estamos hablando, lo único que están buscando las empresas en aumentar sus beneficios empresariales, no solo rebajando las condiciones laborales, sino de la manera más miserable, aprovechándose de los trabajadores con discapacidad, y todo ello además subvencionado con dinero público». De ahí el llamamiento que CCOOhace a la Junta para que fiscalice sus ayudas públicas a ayudas como CTS «donde no ha habido ningún tipo de control».