El reciente anuncio del Gobierno tras decidir prorrogar los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en lugar de aprobar unas nuevas cuentas para este año puede trastocar planes y proyectos con inversión plurianual o aplazada. Es lo que puede llegar a ocurrir con la construcción del Instituto de Medicina Legal de Toledo que está en obras y necesita una potente inyección económica en este ejercicio para concluir las obras. 

Según se desprende de los Presupuestos Generales del Estado del año pasado, este proyecto tan reivindicado en la ciudad desde hace prácticamente doce años obtuvo 3,2 millones de euros de partida, con lo que las obras de construcción se iniciaron a mediados de julio del año pasado tras una licitación que retrasó los planes varios meses. Aun así, finalmente se adjudicó el contrato a 'Proyecon Galicia', encargada de levantar un edificio en la calle Dinamarca con un coste de 5,3 millones de euros.

El proyecto corre el riesgo de repetir su historia pasada, ya que ha figurado en distintos proyectos de los Presupuestos Generales del Estado, pero siempre ha quedado aparcado por cuestiones económicas. Y esta prórroga que ha tomado el Gobierno tras conocer el adelanto electoral en Cataluña también se puede traducir en la paralización de las obras. No es la primera vez que en Toledo ocurre y la ciudad ya tiene experiencia más que de sobra con proyectos como la Casa de la Juventud o Quixote Crea, obras que quedaron inactivas y no se volvieron a retomar. También el Hospital Universitario sufrió numerosos retrasos y se estrenó varios años más tarde de lo inicialmente previsto.

En el caso del Instituto de Medicina Legal, cuya parcela cedió el Ayuntamiento a Justicia en 2010, también se barajan escenarios más optimistas porque la prórroga presupuestaria puede conducir a un nuevo retraso de fechas en la puesta en funcionamiento, manteniendo la obra activa, o puede que esta circunstancia no altere los planes previstos porque se desplacen otras partidas a este proyecto. 

De momento, se desconoce qué ocurrirá con la construcción del Instituto de Medicina Legal, una infraestructura demandada continuamente por los forenses y los operadores jurídicos, que, en principio, debería estar terminada en el primer trimestre de 2025. En un primer momento, se planteó que la obra finalizase nueve meses antes, pero la administración dilató varios meses la adjudicación del proyecto y figura un plazo de construcción es de 20 meses. Por tanto, si el proyecto no pierde parte de su inversión es probable que el edificio esté operativo a finales de 2025, ya que equiparlo tardará varios meses. 

'Proyecon Galicia', una empresa con más de treinta años de experiencia en el sector, se está ajustando al proyecto, que terminó eliminando la planta semisótano para lograr un edificio más compacto y adaptado al terreno, y levantar dos cuerpos, con una base pesada pegada al suelo y un segundo volumen destinado a oficinas. Más allá de que el proyecto ponga empeño en que el edificio sea sobrio, funcional e institucional, también se pondrá especial cuidado en conseguir una arquitectura «amable, luminosa y cercana al usuario», como marcan los pliegos del contrato, que también repercutirá en el interior gracias al uso del vidrio y la madera.

más proyectos. La Audiencia Provincial, inmersa en obras de mejora en los últimos años, no resulta afectada porque ya ha concluido su intervención. Sin embargo, habrá que esperar a conocer el futuro de otros edificios judiciales en la provincia que, en teoría, deberían contar con bastantes millones para este año. La previsión del Ministerio de Justicia es gastarse 50 millones de euros en nuevos edificios judiciales en estos próximos años y en la renovación de los existentes,  pero los planes podrían variar.

Sin ir más lejos, los juzgados de Ocaña, en el Palacio de Cárdenas, exigen cuatro millones en rehabilitación y el grueso de la inversión debería destinarse este año porque estaba previsto inyectar dos millones de euros que, en principio, se sumaban a los 625.000 euros de 2023. 

Por otra parte, la Ciudad de la Justicia de Talavera también podría sufrir cambios. El proyecto cuenta con un gasto total de 14 millones de euros y este año Justicia tenía previsto invertir seis millones. En una situación similar se encuentran Torrijos -pendiente de la construcción de un edificio judicial, con un presupuesto de 11 millones de euros y una hipotética inversión de 6,1 millones- e Illescas, con planes de crear un gran complejo judicial, valorado en 18 millones de euros, de los cuales el Estado debería ingresar a lo largo del año 7,2 millones.