La promoción de las 148 viviendas de Río Yedra, en el Polígono residencial, sigue sin alcanzar un acuerdo con la empresa pública Gicaman, propietaria del edificio, para que sus adjudicatarios se pongan al día con el pago de sus alquileres.

La deuda total de la promoción asciende actualmente a más de 2,8 millones de euros, debido a que tan solo ocho de los inquilinos a los que la Junta concedió en su día una vivienda de alquiler están al corriente de pago. El resto de los 97 residentes legales en los conocidos por todos en el Polígono como los 'Pisos Negros' (por el color de su fachada) acumulan deudas de diversa cuantía, que de media por piso se situaría en unos 30.000 euros.

Los adjudicatarios legales de las viviendas de alquiler, 105 actualmente, pagan de media unos 297 euros por los pisos, pero en algunos casos nunca han abonado alguno.

Hace tiempo que Gicaman intentó buscar una solución a esta situación continuada de impagos, ofreciendo a los propios vecinos que propusieran un plan de pagos personalizado. La mayoría de los adjudicatarios nunca ha contestado a este plan de pagos a la carta, mientras que las negociaciones con los que están dispuestos a llegar a un acuerdo no terminan de fraguar.

En mayo de 2022 los vecinos propusieron pagar 90 euros al mes por los pisos de una habitación, 100 por los de dos, 110 por los de tres y 120 por los de cuatro habitaciones, incluyendo en esas cantidades las rentas de garaje, trastero, comunidad e IBI. Además, ofrecieron pagar en concepto de deuda atrasada 15 euros con cada recibo al mes. Con esta propuesta, el plazo de amortización de la deuda por parte de alguno de los vecinos ascendería a 327 años; siendo la media de unos 166.

Desde Gicaman lo observan como una renuncia encubierta a pagar la deuda, algo que no es posible legalmente. Por ello, les ofrecieron una rebaja del 50% del recibo, siempre que accedieran a liquidar paulatinamente la deuda acumulada, abonando un tercio del recibo adeudado más antiguo.

Esta propuesta solo fue aceptada por un número muy reducido de vecinos, y el pasado mes de enero pusieron a la Junta encima de la mesa la posibilidad de reducir el recibo de alquiler sin ningún compromiso de amortización de las deudas pendientes.

Esta posibilidad tampoco tiene cabida en Gicaman, porque aceptarla implicaría renunciar o perdonar deudas que conforman el caudal de una empresa totalmente pública.

Hasta la fecha, la Junta ha invertido desde 2015 unos 763.000 euros en la mejora de los pisos, con unas 450 intervenciones en zonas comunes y 384 en las viviendas.

Además, hay que tener en cuenta que en la promoción existe un grave problema de ocupación de viviendas, y actualmente el Gobierno regional ha interpuesto 45 procedimientos judiciales que están abiertos, de los cuales 21 son por la vía penal, y que se han suspendido 13 lanzamientos judiciales por ocupas que han alegado vulnerabilidad.