Las dudosas concesiones obtenidas por los partidos independentistas en su negociación con el PSOE para mantener al frente del Gobierno a Pedro Sánchez están provocando una crispación política y social que no se recordaba. Tanto la ley de amnistía a quienes cometieron una larga lista de delitos vinculados al referéndum ilegal catalán como la condonación de una parte de la deuda que mantiene con el Estado son motivos más que justificados para una protesta ciudadana, sin embargo la violencia es una línea roja en esta expresión del 'cabreo' popular, mucho más si lo que se pretende exigir en la calle es el respeto a la ley.
Tanto las concentraciones espontáneas ante un sentimiento de injusticia como aquellas convocadas previamente deben realizarse de forma pacífica y responsable. Ciertamente, el recorrido del aspirante socialista a la investidura, que para continuar en el Palacio de La Moncloa está aceptando acuerdos humillantes con aquellos que pretenden destruir España, incluyendo el pacto con Bildu, ha provocado que una gran parte de la sociedad alce la voz y exprese su protesta ante lo que está sucediendo. Los ciudadanos que han salido a la calle a decirle a Sánchez que así no están en su perfecto derecho de hacerlo, tanto por legitimidad moral como por legalidad jurídica. Sin embargo, ambas cuentan con un factor que puede echar por tierra todo esto, la violencia.
Partido Popular y Vox encabezan estas protestas desde el ámbito político y, en muchos casos, también desde el plano callejero. Ambos deben tener mucho cuidado y respetar en sus convocatorias el orden y la ley, pues de lo contrario puede suceder como en las pasadas noches en que grupos radicales minoritarios pretenden hacerse un hueco en estas protestas para buscar el enfrentamiento con la Policía e incluso con otros pacíficos manifestantes. Como ha sucedido en ocasiones anteriores con otros conflictos, hay que mantener la calma y no 'incendiar' la calle para luego no poder controlar sus consecuencias. El PP ha condenado la violencia y no ha respaldado ninguna convocatoria frente a sedes del PSOE en una estrategia inteligente para que los socialistas no puedan acusar de radicalismo y acoso político al partido más votado de las últimas elecciones.
El PSOE sigue indiferente ante la presión social y trata de cerrar definitivamente el pacto en Bruselas con el prófugo Carles Puigdemont, a la vez que trata de estigmatizar la oposición a la amnistía y el resto de concesiones en una táctica de tinta de calamar. Los socialistas pretenden fortalecer su relato aprovechando la violencia callejera y los eslóganes anticonstitucionales de algunos radicales para insistir en que la alternativa a pactar con Bildu y Puigdemont es la llegada de un Gobierno de extrema derecha. Y la gente no es tonta.
Es hora de protestar, aunque siempre de forma civilizada y pacífica.