Sea cual sea el acuerdo final que firme Toletum Visigodo con FCC para liquidar las deudas por las obras de urbanización en la Vega Baja la literatura del documento viene a reconocer que la empresa pública encargaba los trabajos a la privada con cierta relajación en los procedimientos. «Además de los contratos, existieron otras actuaciones encargadas por el gerente» y si existía conformidad con el presupuesto que le presentaban «se ordenaba la ejecución». Así de sencillo hasta llegar a un gasto de 1,8 millones.

Es, ni más ni menos, la confirmación de uno de los argumentos que la constructora FCC incluía en la demanda judicial que ahora promete retirar. Según se deduce de la demanda, la relación entre la empresa pública y la privada se pacta en todo momento de manera «verbal», desde que se solicita la presentación de un presupuesto de ejecución hasta «la orden» de comenzar las obras «por parte del gerente o el consejero delegado de Toletum».

En el documento que las dos partes están dispuestas a firmar ahora para sellar la paz la explicación se salta los capítulos dudosos (al parecer el sistema verbal es contrario a la legislación de contratos del sector público y a las propias «instrucciones internas» de Toletum) y se centra en el trámite final: «dichas obras se realizaron conforme al proyecto aprobado, se certificaron y entregaron con el acta de recepción positiva suscrita por el representante de la empresa publica, la dirección facultativa y el representante del contratista y a partir de ese momento se destinaron al uso público pero no fueron abonadas».

El caso es que las pruebas que obran en poder la constructora deberán ser poderosas cuando el recuento de las obras y su presupuesto no se pone en duda, por mucho que al final la mitad de la cuantía se quiera dejar en condicional.

Empresa pública. De otra forma no tendría sentido que una empresa pública (propiedad del Ayuntamiento y la Junta de Comunidades al 90%, aparte de otros socios como Caja Rural) se avenga a entregar a uno de sus proveedores 904.000 euros si al final de su liquidación le quedan activos o beneficios.

De hecho FCC solicita en su demanda al juzgado acogerse a la «doctrina de levantamiento de velo» para demostrar que Toletum es un instrumento que las dos administraciones están utilizando «con finalidad puramente defraudatoria» o como «artificio defraudatorio».

La clave del asunto era demostrar que Toletum Visigodo es parte de la Administración para que ésta se haga cargo de la factura. Pues bien, para FCC no cabe dudas desde el momento en que Ayuntamiento y Junta «financian mayoritariamente» la actividad de la empresa mixta, «controlan su gestión» y «nombran a más de la mitad de los miembros de su órgano de dirección», aparte de que la preside el alcalde.  Ahora, con el acuerdo de paz, se da por supuesto que todo es así pero ya pierde importancia.