La firma de un convenio entre el Ayuntamiento de la capital, el Gobierno regional y el Ministerio de Cultura el 23 de septiembre para poner en valor la Vega Baja, y la asignación de fondos en los Presupuestos de 2022 para excavaciones, ordenación y difusión de los restos arqueológicos, no puede ser recibida sino con satisfacción. Sin embargo, el entusiasmo inicial se torna en inquietud cuando comprobamos que el ámbito del convenio se restringe al 20,6 % de la Vega Baja y La Peraleda, al correspondiente a 3 de los 4 BIC de la Zona: la Ermita del Cristo de la Vega, El Circo Romano y el Yacimiento Arqueológico Vega Baja. Fuera queda la Fábrica de Armas, lo que sorprende, si el criterio es actuar sobre espacios BIC (Bien de Interés Cultura) por sus contenidos monumentales y arqueológicos, y porque todos están próximos o en contacto, sin separación nítida en cuanto a ubicación de restos arqueológicos.
Como en tantas otras ocasiones en la gestión territorial de Toledo, en lugar de empezar por asumir que el valor necesitado de mejora es el contemplado como bien patrimonial por la legislación: 'el conjunto de la Vega Baja y La Peralada', se obvia esa realidad y se aplica el Convenio a un ámbito reducido, a la vez que se le da un calificativo que corresponde al todo y no a la parte: 'Sitio natural y  histórico',  por cierto, de difícil encaje en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha de 2013, puesto que en ella sólo se recoge como figura de protección el término: 'Sitio histórico', quedando 'natural' para la legislación de medio ambiente. Mejor habría sido, por lo tanto, el concepto de 'Paisaje Cultural', definido por la Unesco en 1992, que incluye ambos aspectos, el histórico y el natural, y que se ajusta a lo que realmente es toda la Vega Baja. Pero una vez aplicado el término 'Sito histórico y natural' al espacio de los 3 BIC, ¿es qué el resto no lo es?, incluida la franja no BIC que separa la Ampliación Yacimiento Arqueológico y los otros 2 BIC: Circo romano y Cristo de la Vega.
¿Y por qué se deja también fuera del Convenio la Fábrica de Armas? ¿Tendrá algo que ver con el 'Plan Especial del Parque Dotacional del Tajo' presentado por la Universidad al Ayuntamiento?, al parecer, con la opción de levantar nuevos edificios, aun sin estar ocupados todos, lo que supondría una alteración de este BIC, con aumento de volumetría, probable modificación de tipologías arquitectónicas, y previsibles impactos en restos arqueológicos y alteración de masas vegetales. Y todo eso sin entrar en la dejación de oportunidades para el Casco Histórico que podrían derivarse de un aumento de instalaciones universitarias en su interior, entre ellas, residencias de estudiantes y profesores, como en Alcalá de Henares, contribuyendo a la revitalización de un espacio muy vacío desde el punto de vista residencial y de uso cada vez más unifuncional, en torno al turismo.
Pero volviendo a lo fundamental, a la aplicación del Convenio a una parte de la Vega Baja, como si fuera el trozo de una tarta, resulta imprescindible conocer si se mantiene la previsión de construcción de viviendas en el entorno del 'Sitio Natural e Histórico', de acuerdo con la vigente Modificación 28 del PGMOU de 1986. Está prevista la construcción de 98 viviendas junto al  Cristo de la Vega y otras 300 al lado del Circo Romano, parte en manzana cerrada y alturas de 5 plantas sobre rasante, con tipologías semejantes a las de la 'Ampliación de Santa Teresa', sin relación con el entorno y creación de un efecto barrera entre los BIC, impidiendo, además, la vista del frente monumental de la ciudad histórica, protegida por la legislación española y la Unesco. Antes de cualquier actuación, habría que saber, pues, si se van a edificar o no las viviendas previstas, lo que no parece fácil, teniendo en cuenta que los firmantes del Convenio son los garantes de la conservación de los valores arqueológicos y del paisaje.
El Ayuntamiento ha señalado, asimismo, la utilidad del Convenio para la integración del patrimonio con el 'desarrollo de la ciudad de Toledo', lo que compartimos, como no puede ser de otro modo, pero que alarma al no haberse anulado lo referido en la Modificación 28 a las viviendas en el Circo romano y el Cristo de la Vega. A ello se añade la práctica municipal que asocia 'desarrollo urbano' a crecimiento, a aumento constante de superficie para construcción, con ejemplo en la ampliación de Santa Teresa. Precisamente, los daños al patrimonio en la Vega Baja llevaron a la plataforma 'Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura' a solicitar amparo e intervención en la Vega Baja y La Peraleda al Parlamento europeo. Bastaría prestar atención a otras ciudades españolas y de Europa para comprender que las actuaciones urbanas  de 'rehabilitación', 'renovación' y 'naturalización' tienen hoy mayor peso que las de crecimiento expansivo, dentro de un concepto de ciudad 'de usar y tirar', que no se corresponde con el urbanismo actual.
Por otro lado, el ámbito de actuación no puede basarse exclusivamente en criterios geométricos, en líneas rectas que separan lo que es BIC de lo que no lo es, lo que es 'Sitio histórico y natural' de lo que no lo es. Como es comprensible, la existencia o no de vestigios arqueológicos no termina con el simple hecho de cruzar esas líneas. Esa situación resulta aún más evidente en el BIC 'Ampliación del yacimiento arqueológico de la Vega Baja', por carecer de la prescriptiva zona de protección de todo BIC. A su vez, los trabajos en la zona, incluidos los estudios de georradar, demuestran que los restos de época visigoda y de otros periodos se extienden más allá de las líneas de ese BIC aprobado en 2008. ¿Cómo omitir que los valores paisajísticos y medioambientales se extienden por toda la Vega Baja y La Peraleda?, por lo que es un espacio de oportunidades para todos, si bien para eso haría falta un plan previo de conjunto, integrado con toda la ciudad, con secuenciación de etapas, y por supuesto, una aportación económica muy superior a la ahora recogida en los Presupuestos del Estado y que podría aumentarse con fondos europeos, más ahora, cuando la Vega Baja y La Peraleda ya son 'tema de interés europeo'. Ni que decir tiene que para alcanzar ese objetivo el equipo municipal tendría que moverse por los ámbitos de la Unión, para lo que también resultaría imprescindible la complicidad de todos los grupos políticos, y consecuentemente, información, debate y consenso, que actualmente no existen.
Esperamos, pues, la eliminación de incertidumbres, comprender que patrimonio y urbanismo no deben tratarse de forma separada, y entender que no es solución seguir 'troceando la ciudad', sin visión de conjunto, tampoco la Vega Baja y La Peraleda. Así, no se ordena nada, los problemas se acumulan, y más cuando el crecimiento económico se hace difícil y las estrategias se concentran en la creación constante de nuevas urbanizaciones. Sería un error despreciar el privilegio de disponer de unos espacios de vega relativamente bien conservados, con valores patrimoniales, paisajísticos y medioambientales excepcionales, que solo hay que aprovechar y movilizar, como otras ciudades hacen. De nuevo, surge la necesidad de concertación de todos los grupos políticos y de comunicación con la ciudadanía, apenas existente, como se ha demostrado en reiteradas ocasiones. A la vista del texto publicado en el BOE, el 18 de octubre, el Convenio ignora estos planteamientos, se muestra convencido en su capacidad de actuación con el Real Patronato y el Consorcio, la opinión ciudadana no es contemplada en absoluto y la participación externa se limita a la que se solicite a entidades no lucrativas, suponemos que las conocidas por todos, subvencionadas y carentes de independencia, puesto que las que no reúnen estas características, las independientes y de mayor transcendencia pública, ya se han pronunciado sobre la Vega Baja, como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando e Icomos.
Por último, en este propósito del Convenio por conservar y mejorar los valores patrimoniales y paisajísticos de la Vega Baja, aunque se salgan del estrecho ámbito de los tres BIC, no dudamos de que el Ayuntamiento sabrá buscar alternativas a la inconveniente ubicación del cuartel de la Guardia Civil en La Peraleda, aprovechando que se aplaza su ejecución. La participación del Ministerio de Cultura y de la Junta de Comunidades en el Convenio contribuirá a facilitar otra de las múltiples ubicaciones posibles, conscientes ambas instituciones, mejor que nadie, de los conflictos legales que motivaría su construcción en 'Zona de Protección de Paisaje', en 'Buffer Zone' de la Unesco y en 'Zona de inundación', sin más justificación que un empecinamiento en la toma de decisión sin justificación de ningún tipo.
En conclusión, el Convenio podría ser un paso inicial para la ordenación y puesta en valor de la Vega Baja y La Peraleda, pero para ello se necesita ampliar su ámbito de intervención, superar incertidumbres y contradicciones, entre ellas, la construcción de viviendas, requerir más fondos de los obtenidos y no perder ocasiones de generar riqueza, como ha ocurrido en un reciente pasado con el 'Centro Logístico del Ejército de Tierra'. Si así fuera, estaríamos avanzando para convertir este vasto espacio en lo que es, un mundo de oportunidades para la ciudad, en caso contrario, nos aproximaríamos a un ejercicio más de 'mareo de la perdiz' para satisfacer intereses especulativos privados que se intentan compensar ante la opinión pública con 'ventanas arqueológicas', 'cintas verdes' y 'rendijas al paisaje'.

*Antonio Zárate es profesor honorífico del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de la Universidad Complutense de Madrid (IUCA)