El amianto del barrio de Santa María de Benquerencia no ha pasado desapercibido en la memoria anual del Defensor del Pueblo, que entregó Ángel Gabilondo, hace diez días en el Senado en relación a la actividad que ha llevado a cabo la institución a lo largo de 2021, un ejercicio en el que las quejas han aumentado un 3,5% respecto a 2020.

Este documento dedica tres largos párrafos a esta problemática que afecta al Polígono desde hace muchos años a pesar de que las administraciones públicas hayan llevado a cabo actuaciones para retirar parte de este residuo altamente tóxico y para soterrarlo en algunos de los terrenos afectados. Las últimas noticia sobre el tema surgieron este otoño tras las inundaciones que sufrió la ciudad, puesto que provocaron que afloraran restos de amianto en la zona del arroyo de Ramabujas y motivó que la Junta instara a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT)a su retirada.

De momento, el Defensor del Pueblo no entra en este último incidente, pero se ha dirigido al Ayuntamiento y a la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, «para que informen sobre los trabajos de retirada de amianto en el barrio de Santa María de Benquerencia».

Además, también quiere conocer «las medidas utilizadas para asegurar que la gestión de estos residuos se está realizando sin poner en peligro la salud y sin generar riesgos para el medio ambiente». En este último caso, la institución   pone de manifiesto la importancia en el cumplimiento del artículo 7 de la Ley de Residuos.

La institución no se limita a solicitar información y ha ido más allá en esta problemática que sigue preocupando a los vecinos del barrio. Propone a las administraciones la posibilidad de llevar a cabo «un registro administrativo de los trabajos realizados» en varios terrenos del Polígono, conforme a lo que recoge la normativa para suelos contaminados, y «se comunique a los propietarios de terrenos con presencia de amianto la prohibición de realizar movimientos de tierras y otros usos en estos lugares para evitar la dispersión de las fibras».

Por otro lado, El Defensor del Pueblo sostiene que también ha propuesto a la administración, -se supone que a la Junta por ser la competente en la materia-, «la redacción y aprobación de un Plan de acción de medio ambiente y salud con la intención de identificar «las condiciones ambientales» del barrio, «los potenciales riesgos para la salud» con el objetivo de «alcanzar un equilibrio entre el desarrollo humano, la protección de la salud y el respeto al medio ambiente».

La memoria incluye también una propuesta muy significativa, la realización de «continuos controles» en el Polígono parar analizar la presencia de fibras de fibrocemento en las zonas afectadas y se facilite la información. En este caso, lo cierto es que el Ayuntamiento de Toledo impulsó en su momento mediciones, pero no se ha mantenido una periodicidad como llevan tiempo solicitando los vecinos.

Al Defensor del Pueblo no se le escapa el problema del amianto desde hace tiempo. La última reclamación llegó a la institución en 2018 de la mano de 'El Tajo'. La asociación remitió un escrito denunciando la falta de señalización en caminos y veredas próximas a zonas afectadas por el amianto y la institución contestó poco después que estaba a la espera de que la Junta y la CHT facilitaran información.

Ejemplo. La última recomendación del Defensor del Pueblo no es quizá tan llamativa, pero puede sentar precedentes. En la memoria se plantea que el Gobierno regional «podría impulsar alguna fórmula de colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica» con el objetivo de que esta problemática relacionada con el amianto en un barrio de Toledo «sirva a otras comunidades autónomas o al propio ministerio  a fin de afrontar coordinadamente alguna acción en este sentido o de promover una regulación sobre los residuos de amianto».