A la construcción de la nueva Comandancia de la Guardia Civil de Toledo en Vega Baja le sale un nuevo obstáculo en forma de estudio de georradar. La decisión de la Junta de Comunidades de radiografiar el subsuelo de todas las parcelas situadas en el exterior del perímetro de este BIC para cartografiar de forma exacta los restos arqueológicos afecta directamente a los terrenos que el Ayuntamiento de Toledo tiene previsto ceder al Ministerio para la construcción del nuevo cuartel, una dotación para la que el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska tiene reservados 18 millones de euros.

En su visita del lunes a Toledo para inaugurar una exposición sobre la historia del Documento Nacional de Identidad, Grande Marlaska confirmaba que estaba mirando «la posibilidad de Vega Baja», aunque añadía una críptica coletilla al afirmar que también «están pendiente del nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) y de esas cuestiones que hay detrás».

Tal vez el ministro del Interior ya supiese las intenciones de la Junta -la representación que el Gobierno regional mandó a la inauguración de la exposición se limitó al delegado en Toledo-, pero lo cierto es que antes de poder seguir con las actuaciones urbanísticas que lleven a la firma del convenio habrá que esperar a conocer las conclusiones del estudio arqueológico realizado con el georradar. Y de momento habrá que esperar porque la Fundación Impulsa todavía no ha procedido a la contratación de los trabajos.

La radiografía de los terrenos es un condicionante más que se suma a la larga tramitación urbanística que queda por delante, pese a que la casa-cuartel de Toledo tiene preferencia en el calendario de  actuaciones previstas por el Ministerio, puesto que el Ayuntamiento ya ha ofrecido en firme suelo municipal para poder llevar a cabo una operación urbanística, que exigirá de varias permutas. Y es que cambio de una parcela de algo más de 30.000 metros cuadrados situada en el PERIM de la Vega Baja -rescatada por la modificación puntual 28 del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)- el Ministerio del Interior entregará al Ayuntamiento de la capital el solar de la avenida de Barber en donde ahora tiene sus instalaciones la Guardia Civil.

de permuta en permuta. Los terrenos que el Ayuntamiento de Toledo ofrece ahora al Ministerio del Interior fueron obtenidos por el Consistorio tras la firma de un convenio con el Ministerio de Defensa. El acuerdo fue rubricado en marzo de 2011 por la entonces ministra de Defensa, Carmen Chacón, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda y por el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page.

Fruto de este convenio, el Ayuntamiento de Toledo pasaría a ser titular de 38.000 metros cuadrados de suelo terciario y el Ministerio de Defensa se reservaría otros 37.000 metros cuadrados. A cambio, el Consistorio toledano debía hacerse cargo de los gastos de urbanización de todo el desarrollo que se tramitó como un Plan de Reforma Interior de Mejora (PERIM). El coste estimado, cuando se barajó la idea de que El Corte Inglés se estableciera en la parcela que ahora ocupa el aparcamiento disuasorio de Coronel Baeza, ascendía a cinco millones de euros. Cuatro de esos millones saldrían de la venta de esos terrenos a El Corte Inglés.

Ahora esa parcela  -que limita con la calle Armeros, con avenida Mas del Ribero y con la avenida Lorenzo de la Plana- y que todavía es propiedad de Defensa puesto que el Ayuntamiento no ha procedido a la urbanización, terminará siendo del Ministerio del Interior si el proyecto llega a buen puerto.

A cambio, el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska transmitirá al patrimonio municipal del suelo los terrenos en donde ahora se ubica la Comandancia de la Guardia Civil en Toledo.

En el programa electoral con el que la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, se presentó a las pasadas elecciones municipales del mes de mayo ya aparece el destino de ese terreno, próximo al que ocupa el hospital Virgen de la Salud, cuyo cierre está previsto para mediados del año que viene.

En concreto, la intención del actual equipo municipal de Gobierno es destinar la actual Comandancia de la Guardia Civil a hacer vivienda pública para jóvenes. Será la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) la que promueva esta actuación en el que las viviendas resultantes serán en régimen de alquiler. La intención municipal pasa por incorporar gente joven a un barrio como Palomarejos que en los próximos años se tendrá que enfrentar a la clausura del Virgen de la Salud y a la salida del cuartel de la Guardia Civil, aunque éste último se instalará, si se cumplen las previsiones, en un solar muy cercano al de su ubicación actual.