«Es la última opción que tenemos. Nos estamos jugando un paisaje europeo de valor universal; la esencia de Europa está en estas piedras romanas y del mundo visigodo. Está en peligro una de las mejores vistas de las que los europeos podemos vanagloriarnos. Toledo resume la historia de Europa simplemente desde la vista».

El alegato final el portavoz de la plataforma ciudadana ‘Toledo: Sociedad, Patrimonio y Cultura’ fue atendido por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que decidió mantener abierta la reclamación planteada para recabar más información. Entre otras cuestiones se requerirá al Ayuntamiento de Toledo que informe sobre la situación actual en la que se encuentra tanto la Vega Baja como La Peraleda y de si la Unesco está al tanto de los planes municipales. El Ayuntamiento también deberá aportar información del contenido del convenio marco que está ultimando con la Junta de Comunidades y el Ministerio de Cultura. Esta última decisión se adoptó tras dar a conocer la eurodiputada socialista Cristina Maestre la existencia de este borrador de este convenio, que no está incorporado al expediente ni del que aún se conocen sus términos.

 Asimismo, este órgano, presidido por la española Dolors Montserrat, solicitará también la opinión de la Comisión de Cultura de la Eurocámara. Con toda la información que se reciba será el momento de decidir si también requiere que se pronuncie la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, trámite que pidió el eurodiputado español José Manuel García-Margallo.

Antonio Zárate, protavoz de la Plantaforma Ciudadana 'Toledo: Sociedad, Patrimonio y Cultura', durante su intervención.La decisión de mantener abierta la petición formulada por la plataforma toledana hasta recabar toda la documentación fue apoyada por los representantes del Partido Popular Europeo, el Grupo de la Izquierda y el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.

El Grupo Socialista fue el único que votó en contra al coincidir con la opinión de la Comisión Europea, que entiende que no se dan las circunstancias para una intervención europea. En este sentido, Cristina Maestre aseguró que no hay «evidencias» de que el yacimiento arqueológico de la Vega Baja esté en peligro, sino todo lo contrario, «puesto que a lo largo de los últimos años se han adoptado decisiones para preservar el entorno a sabiendas del elevado coste económico que iba a tener fruto decisiones que se tomaron en el pasado».

La intervención de Maestre provocó «profunda sorpresa» en el portavoz de ‘Toledo: Sociedad, Patrimonio y Cultura’, Antonio Zárate, que recordó que aunque el proyecto de construcción de las 1.300 viviendas en Vega Baja fue paralizado en 2006 por el por entonces presidente de la Junta, José María Barreda, la modificación 28 del Plan General, aprobada en 2018, todavía las mantiene en la ficha urbanística de la zona. Asimismo, Zárate explicó que la Modificación 29 del Plan General, pendiente de aprobación, diseña un barrio de más de 5.000 viviendas en La Peraleda, en la que se proyectan edificios de hasta cinco alturas.

Asimismo, Maestre y su compañero de grupo Ibán García del Blanco lamentaron que la presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, abronque a la Comisión Europea «por negarse a participar en una estrategia de carácter político que tiene que ver con la utilización que está haciendo la derecha española de esta comisión cuando se trata de asuntos que son competencia de una administración que esté gobernada por la izquierda en España». Del Blanco también aprovechó para asegurar que el acuerdo al que han llegado las tres administraciones es «único e histórico en España  ya que supone la sustitución de un proyecto urbanístico por otro museístico».

Montserrat, por su parte, que negó intereses partidistas en su decisión,  recordó que una mayoría de los grupos políticos de la Eurocámara se habían manifestado a favor de mantener abierta la petición y explicó que precisamente hoy se debatirá en la Comisión de Coordinadores una petición del Grupo Socialista  motivada por el hecho de que la Comisión Europea «no toma interés en las peticiones».

«Me sorprende cómo a veces la ComisiónEuropea despacha los temas cuando realmente estamos hablando de Patrimonio Mundial de la Humanidad», concluyó Montserrat.

La Comisión Europea, una vez analizada la petición de la plataforma ciudadana ‘Toledo: Sociedad, Patrimonio y Cultura’, defendió que «las alegaciones planteadas por la plataforma constituyen un caso individual de una posible aplicación incorrecta del Derecho la Unión, en la medida en que no hay pruebas suficientes de una práctica general o de un problema de conformidad de la legislación nacional con el Derecho de la Unión o de un incumplimiento sistémico del Derecho de la Unión». Por ello, consideró, que «las vías de recurso disponibles en la legislación española son el mecanismo más adecuado para abordar satisfactoriamente las cuestiones planteadas por el peticionario».

En opinión del europarlementario del Partido Popular, José Manuel García-Margallo, la Comisión Europea debería tomar cartas en el asunto de la protección de Vega Baja, ya que se trata de una «zona arqueológica romana y visigoda, dos de las raíces en las que se apoya la identidad europea».

«Además, si la Unión no toma una acción inmediata nos vamos a encontrar con la irremisible e inevitable desaparición de este yacimiento de especial interés para la cultura europea y de las vistas del conjunto monumental de la ciudad histórica de Toledo», argumentó Margallo que contestó a Maestre que le «importaba un rábano», que lo que hiciera Agustín Conde en 1999 la Vega Baja porque lo que le importa «es lo que hizo Recaredo».

Maestre explicó que el proyecto urbanístico de la Vega Baja nació en 1999 cuando Agustín Conde era alcalde de Toledo y acordó con el Ministerio de Defensa la cesión de la Fábrica de Armas a la Universidad de Castilla-La Mancha y a cambio promover la cesión de unos terrenos con una recalificación urbanística para la construcción de más de 1.300 viviendas».