Las presiones de distintos sectores del Gobierno y de algunos grupos políticos para que Felipe VI se desmarque, e incluso condene las actividades privadas de su padre, en su tradicional mensaje de Nochebuena, convierten las palabras que pronunciará hoy el Rey en todo un examen. Una situación que complica aún más si cabe esa intervención, ya de por sí era difícil, con el anterior Jefe de Estado sujeto a tres diligencias judiciales de investigación diferentes.

Los mensajes de algunos miembros del Ejecutivo tratando de influir en la intervención del Monarca -de forma muy sutil los socialistas y más directa los de Unidas Podemos- comenzaron tan pronto se despejó otra incógnita que ponía presión sobre el discurso: la posibilidad de que Juan Carlos I regresase a España por Navidad.

El Rey Emérito salió del país rumbo a Emiratos Árabes Unidos el pasado 3 de agosto, en un intento de que las investigaciones a su alrededor no perjudicasen a la Monarquía. La perspectiva de su vuelta a España se puso sobre la mesa a principios de diciembre, cuando se conoció que había regularizado una deuda tributaria por importe de 678.393,72 euros correspondientes a ejercicios fiscales posteriores a su abdicación en 2014, es decir, una vez perdida su inmunidad como jefe del Estado.

El pasado día 17, Don Juan Carlos hizo saber que desechaba la idea de pasar las fiestas en su país y lo atribuyó a la situación de la pandemia de coronavirus en España y a su condición de persona de riesgo a sus casi 83 años.

Los fiscales están aún pendientes de confirmar si esa regularización del Emérito supone descartar la posibilidad de delito fiscal, teniendo en cuenta que se hizo después de que el Ministerio Público notificase formalmente a su defensa estas diligencias. Lo que se trata de esclarecer son posibles delitos por el uso tarjetas bancarias con fondos opacos, procedentes de donaciones del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

Esta línea de investigación sobre gastos realizados con efectivo y que no habían sido declarados a Hacienda se une a las otras dos ya abiertas al padre del Rey, la primera por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y que previsiblemente será archivada por no encontrarse indicios que se puedan perseguir respecto del exjefe del Estado, que es aforado ante el Tribunal Supremo.

Las terceras diligencias abiertas respecto a Juan Carlos I, reveladas por la propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, partieron de una información procedente de «inteligencia financiera» e investigan si el Emérito tiene 10 millones en una cuenta en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Estas causas en torno a Don Juan Carlos -que no está formalmente investigado ni consta contra él ninguna denuncia- han empañado todo un año en el que la Familia Real ha tratado de hacerse visible apoyando a los afectados por la pandemia de coronavirus y su brutal impacto económico.

De hecho, el 15 de marzo, solo un día después de la declaración del estado de alarma, Felipe VI renunció públicamente a la herencia de su padre «que personalmente le pudiera corresponder» y le retiró la asignación que tenía fijada con cargo a los Presupuestos del Estado.

Sin embargo, el cerco judicial a Don Juan Carlos siguió estrechándose y, al hilo de éste, las presiones para que dejase España, o bien el Palacio de la Zarzuela, o para que se le retirase el título de Rey.

En los últimos días de este año que acaba con el padre de Felipe VI como Monarca Emérito pero lejos de su patria, diversos miembros del Gobierno, del ala socialista, se han mostrado convencidos de que el mensaje de Navidad del Rey estará «a la altura de las circunstancias».

Militares y cataluña

Es previsible que, en esta ocasión, junto a la pandemia, el foco principal del discurso del Soberano no esté puesto en Cataluña y en el llamamiento a la convivencia, que fueron los principales ejes en las últimas ediciones. Además, a Felipe VI le han llegado también llamamientos para que hoy se desmarque de los militares que, en un chat privado, hablaron de golpes de estado al Ejecutivo o del «fusilamiento» de millones de personas.