El Ministerio de Cultura es el departamento de la Administración General del Estado encargado de la promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español. Así se recoge la función asumida por un órgano que tras las advertencias realizadas por distintas entidades, asociaciones y plataformas en torno a las pasadas, presentes y futuras actuaciones pensadas para Vega Baja ha decidido pasar a la primera línea de acción o, por lo menos, de intercesión.

La redacción del informe elaborado por Icomos y las muchas voces que, en las semanas anteriores, se han escuchado con más fuerzas ha propiciado que el Ministerio de Cultura haya solicitado a la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando la redacción de un análisis centrado en este espacio toledano llamado a ser, claro está, sustento documentado de la posible respuesta a tomar respecto a los planeamientos previstos.

Una petición que, según las fuentes consultadas, denota el interés del Ministerio en tratar de mediar o, por lo menos, reconducir una situación que vuelve a repetirse sin remedio sobre un espacio que, en teoría, se indultó hace 13 años. Entonces, en 2006 la decisión se tomó ante un proyecto urbanístico que pretendía construir sobre este yacimiento 1.300 viviendas, y ahora las denuncias llegan por el inicio y planeamiento de un conjunto de actuaciones auspiciadas por el equipo de Gobierno municipal confirmado por Milagros Tolón. Entre ellos, la intención de la alcaldesa de construir sobre ese mismo suelo el nuevo cuartel de la Guardia Civil y una zona residencial que, según algunos actores implicados, alcanzaría las 200 viviendas.

El panorama, desolador para quienes ya se enfrentaron al ansia urbanizadora en su día, genera el regreso de una institución -al servicio de la protección del Patrimonio cultural de España-, que ya hace más de 13 años acogió con interés la denuncia llegada desde la Real Academia de Artes y Ciencias Históricas de Toledo sobre los criterios recogidos en el Plan de Ordenación Municipal (POM) en torno a la relación de la ciudad con el paisaje.

la ciudad y el paisaje. Una planificación que afectaba a la protección de los suelos rústicos significativos, y, en consecuencia, a la adecuada preservación de las actuales características paisajísticas de Toledo, inseparables de la  apreciación de sus valores culturales. El análisis global del plan -que no gustó en exceso y que tuvo que ser modificado por el Ayuntamiento encabezado por el ‘popular’ José Manuel Molina- no obvió matizar que la percepción visual de Toledo desde su entorno y su singular identidad morfológica constituían «un valor tan universalmente reconocido que obliga a mantenerla lo más exenta posible y libre de contactos con los nuevos desarrollos edificatorios».

Por lo tanto, sobre las vegas -integradas en el perímetro afectado por la protección derivada de la declaración del conjunto de la ciudad de Toledo como monumento nacional en 1940 y como bien incluido en la lista del Patrimonio Cultural Mundial- se debían «aplicar los criterios de protección de los valores paisajísticos» recogidos en las Instrucciones de la Dirección General de Bellas Artes para la tramitación de proyectos de obras en las zonas de Toledo afectadas por esa declaración.

Dejaba ya claro la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el informe -firmado por Ramón González de Amezua y Noriega y emitido el 19 de diciembre de 2005- la protección de las áreas territoriales afectadas por la declaración de un Conjunto Histórico, como es el caso de la ciudad de Toledo y de las zonas de protección de su entorno. En este punto, conviene recordar que este dictamen no ha sido tenido en cuenta en las licencias otorgadas a los dos edificios ya construidos en el área de ampliación del barrio de Santa Teresa II (UA34).

una historia ya contada. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acordó conceder la Medalla de Honor 2008 al que fuera presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, «por la protección del Patrimonio Histórico, Natural y Cultural y en reconocimiento a sus méritos contraídos en la protección de los restos arqueológicos en la Vega Baja de la ciudad de Toledo». Este reconocimiento evidenció la importancia de desde la entidad se concedió a la decisión de paralizar la acción urbanizadora en Vega Baja, por lo que no parece que los criterios ante esta nueva intención urbanizadora vayan a variar en gran medida.

Además, y puesto que parece que los responsables públicos de esta ciudad no aprenden de lo acontecido en el pasado, sólo recordar que avalando al entonces presidente regional, la que fuera ministra de Cultura (ahora vicepresidenta del Gobierno en funciones), Carmen Calvo, mostró su satisfacción por la decisión adoptada por el Gobierno regional «porque de lo contrario, y que no lo dude nadie, habría intervenido el Ministerio de Cultura».

De hecho, Calvo afirmó que la decisión adoptada por Barreda había sido la más correcta porque «de lo contrario, creo que a nadie se le escapa que el Gobierno de España habría tenido que intervenir en el ejercicio de sus competencias». Especialmente  «porque hablamos de una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad y porque en la Unesco está el Ministerio de Cultura representando al Estado español».