La Ley de Memoria Democrática se ha aprobado definitivamente por parte del Senado la semana pasada. ¿Qué espera de esta nueva ley? 

Es un avance respecto a 2007. Además, permitirá hacer políticas de memoria en temas concretos desde las instituciones. De todos modos, hay muchos aspectos, organismos, políticas a poner en marcha que aún estando recogidas en la Ley, dependerán de la voluntad política de los gobernantes.

¿Cubrirá las lagunas que tenía la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007?

En algunos temas sí. El principal déficit es que no permite el acceso a la Justicia. El pasado mes en Argentina se juzgó y condenó en dos procesos diferentes a varios represores por crímenes similares y coetáneos a los realizados aquí durante los últimos años del franquismo y principios de la Transición. Pero en España eso sigue siendo imposible.

Esta nueva ley puede llegar a ser efímera si el Partido Popular ganas las próximas elecciones generales, ¿no?

La intención de la derecha es derogarla. Los colectivos de memoria en torno al Encuentro Estatal (somos más de cien colectivos) queremos que el Gobierno empiece a tomar medidas inmediatas para que en caso de que sea derogada en un futuro ya se hayan llevado a cabo cambios irreversibles, como ejemplo: la retirada del callejero y la simbología franquista.

¿Es más necesaria que nunca esta ley con el ascenso de la extrema derecha en Europa?

Sí. La falta de políticas de memoria democrática en nuestro país es la causa fundamental de que se relativicen, blanqueen y normalicen en los medios de comunicación y en la sociedad discursos contrarios a la democracia y a la convivencia.

Uno de los aspectos más novedosos de la nueva ley es la posibilidad de que soliciten la nacionalidad española todos los que hayan nacido fuera de España pero tengan padres o abuelos españoles que en su momento perdieron la nacionalidad o se vieron obligados a renunciar a ella  en el exilio o por otros casos.

Creemos que es un acto de justicia, aunque para mucha gente llegue demasiado tarde. Se llevaba pidiendo mucho tiempo.

Esta ley llega con mucha polémica porque olvida también asesinatos y desmanes que hubo del lado republicano a pesar de que se ha contado con un buen equipo de asesores para su elaboración.

Es una Ley de Memoria y va de Verdad, Justicia y Reparación. Las víctimas producidas en la retaguardia republicana y sus familias han gozado de más de 40 años de apabullantes e incuestionadas políticas de reconocimiento, homenajes, privilegios y beneficios económicos y profesionales. En cambio, los defensores de la legalidad democrática han sido marginados y olvidados. Sólo faltaría que a estas alturas volviésemos a conceder estancos a los biznietos de los llamados 'Caídos por Dios y por España'.

La violencia ejercida por el lado republicano fue espontánea, el Gobierno se vio desbordado al pasarse muchas y muchos miembros de las fuerzas de seguridad al sector golpista. Sin embargo la violencia de los facciosos estaba organizada y planificada por el 'cerebro' del golpe, Emilio Mola. Es más, en las zonas donde triunfó el golpe inmediatamente hubo represión. 

Se supone que con esta nueva ley el Estado se comprometerá a la búsqueda de personas desaparecidas. En estos momentos, el cálculo está en 114.000 desaparecidos... ¿La cifra acierta o se queda muy corta?

La cifra no es real. Ese número se cuantificó en el procedimiento de Garzón de 2006, y ahí se incluyó inapropiadamente a miles de personas que no estaban técnicamente desaparecidas, sino que habían sido fusiladas tras consejos de guerra y su lugar de enterramiento estaba documentado. 

Por otro lado, las investigaciones históricas posteriores han demostrado que las cifras de víctimas del franquismo en general, son considerablemente más altas. Aparte de que en estos 16 años se hayan exhumado muchas víctimas, nunca sabremos la cifra real de desaparecidos porque muchos enterramientos han sido ya exhumados, y porque ante el fallecimiento de los testigos hay cientos de fosas que jamás van a ser localizadas, o que han sido destruidas por obras y construcciones. Esperamos que el censo de víctimas que recoge la nueva ley suponga un avance real en este tema.

También se elaborará un mapa de desaparecidos, que hereda su compromiso de la Ley de Memoria Histórica, y un banco nacional de ADN. Pero todas estas iniciativas exigen un importante desembolso económico. ¿Cree que se dotará de medios la ley?

Eso depende de la voluntad política de los gobernantes. Esperamos, sobre todo, que se elabore y apruebe pronto un Reglamento de aplicación, que no tuvo la Ley de Memoria Histórica de 2007, y se pongan inmediatamente en marcha diversos organismos recogidos en la ley actual para aplicar esas políticas de memoria.

Y al final la Ley de Amnistía, que se convirtió en una herramienta de persecución aunque no naciera con ese fin, sigue vigente.

Sí, nosotros defendemos una declaración de nulidad íntegra de la Ley de Amnistía, porque frente a las directrices de su interpretación que define la Ley de Memoria, que nos parecen irreales, la de Amnistía se ha aplicado, en todos los casos desde 1977, como una ley de punto final. 

Hay otros aspectos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo o del Constitucional que son contrarios al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como que se considere que en España no hay crímenes contra la humanidad anteriores a 2004 (cuando recogieron ese tipo de delitos en el Código Penal). Para los organismos internacionales de derechos humanos, esos crímenes jamás prescriben.

Algunas asociaciones ligadas a la memoria histórica consideran que la Ley de Memoria Democrática plantea categorías respecto a las víctimas y apuntan que las del terrorismo son de primera, pero las del franquismo de segunda. ¿Está de acuerdo?

Es lo que venimos denunciando desde hace años, y en lo que también coinciden algunos juristas de prestigio y determinados colectivos de víctimas del terrorismo. Defendemos para las víctimas del franquismo un reconocimiento jurídico e institucional, y unas políticas públicas activas de Memoria, similares a las que el Estado español ha dado a otras víctimas de la violencia política, como las del terrorismo. En el fondo, en cuanto víctimas en sí, no hay diferencia entre ellas. Lo que las diferencia realmente, y define el trato dado a unas y a otras por parte del Estado, es la identidad de los victimarios.

Las víctimas de robos de bebés en el franquismo han estado bastante olvidadas y sin respaldo hasta ahora. ¿Podrá cambiarlo la nueva ley?

En principio, no. Hay un proyecto específico de Ley de Bebés Robados, que estaba bastante avanzado, que lleva aparcado en el Parlamento más de tres años, y ahora parece que se quiere sustituir por una comisión o ponencia, lo que ha provocado la protesta de los colectivos de familiares de bebés robados. Otro caso de legislación paralizada en el Congreso de Diputados es la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que es un tema fundamental para las víctimas del franquismo y para la propia democracia.

La ley contempla muchos avances, pero deja a un lado los tribunales y seguirá vigente la impunidad de los crímenes franquistas.

Exactamente, es así. La nueva Ley no ha rebasado determinadas líneas rojas de los legisladores, y la impunidad del franquismo, penal, política, económica…, no han sido cuestionados. En ese sentido, Ley de Memoria mediante, España sigue sin cumplir sus compromisos con los derechos humanos, haciendo caso omiso de las recurrentes recomendaciones de diversos organismos y comisiones de la ONU.

La reparación económica de las víctimas o sus descendientes, como sí se ha hecho en otros países hace tiempo, continúa pendiente en España. ¿Seguirá en el aire?

No hay avances sustanciales en ese tema, la verdad. La declaración de nulidad de las sentencias y del carácter ilegal de los tribunales represivos es importante, aunque el hecho de que no se pueda exigir una responsabilidad patrimonial del Estado (Artículo 5.4) indica que se pretende una anulación técnica y formal, porque la anulación de una sentencia nunca puede dejar de tener consecuencias jurídicas.

¿Qué planes tiene ahora el Foro por la Memoria de Toledo?

Nuestra asociación tiene el objetivo de seguir trabajando en recuperar la memoria democrática de nuestra provincia, una lucha que empezamos hace años. Tenemos constancia de que hay muchos vestigios que hacen alusión y homenajean a personas o acontecimientos franquistas y, desgraciadamente, no ha habido ni hay voluntad política para resolver esta anomalía. 

A su vez, estamos actualizando la base de datos de las toledanas y los toledanos asesinados en la provincia y otros lugares de nuestra geografía. También queda poco para terminar de recibir los expedientes de los toledanos que fueron exterminados en los campos de concentración nazis y de los que se publicó un listado en agosto de 2019. A este listado, obsoleto y lleno de errores, se le hicieron alegaciones y ya se han inscrito las defunciones en el Registro Civil Central. Son pocos los familiares que hemos encontrado todavía pero a ellos se les ha hecho llegar copia de la resolución. 

En Toledo, por ejemplo, se conocen varios casos ligados a la desaparición de bebés robados, pero apenas ha tenido repercusión o respuesta en todos estos años.

La desaparición de bebés en nuestro país, en general, y en Toledo en particular, es uno de los asuntos más trágicos que desarrolló el franquismo. Y la respuesta dada por el Estado solo se puede calificar de bochornosa. En lo referente a Toledo, no ha sido en absoluto una cuestión que se ha investigado ni denunciado tanto como en otros puntos de España. Es inmoral que la Ley de Bebés Robados siga sin aprobarse y ahora se plantee en el Senado nombrar una comisión o ponencia. Ya sabemos aquello de que si no quieres aclarar nada nombra una comisión. 

También se va a posibilitar el acceso a toda la documentación del franquismo, que dejará de ser secreta, una novedad importante tanto para los investigadores como para el público en general. Sin embargo, los archivos de la Iglesia, que también guardan información relevante, seguirán cerrados.

Los avances en el tema de los archivos son importantes, pero quedan relativizados por diversos aspectos. En primer lugar, el carácter profundamente regresivo de la Ley de Secretos oficiales en vigor, y en segundo lugar porque es indispensable que los archivos sean dotados de medios y de personal, para garantizar la conservación, la catalogación, el tratamiento correcto y el derecho de acceso efectivo a todos los archivos de la represión.

En cuanto a la Iglesia, aparte de que el acceso a sus archivos no queda garantizado, tampoco ha recibido tratamiento alguno en la nueva Ley de Memoria Democrática a pesar de su papel en la guerra, en la represión, y posteriormente en la dictadura, de la que fue una de las principales colaboradoras y beneficiarias.

¿Qué queda por hacer en Toledo para dignificar, eliminar y recuperar la memoria histórica?

Quedan muchos y las perspectivas no son nada halagüeñas. Básicamente se trata de voluntad política de la que muchos responsables políticos de las corporaciones locales carecen. Las lagunas que tenía la anterior Ley de Memoria fueron aprovechadas para dejar todo lo referente a vestigios tal como está. Es cierto que se han eliminado bastantes nombres de calles, plazas, avenidas, etcétera, pero tenemos la provincia con más simbología franquista del país. Y para muestra un botón. Un paseo por las calles de Talavera nos puede ilustrar el tema. 

¿Se planteará la posibilidad de exhumar los restos del general Moscardó y de Milans del Bosch del Alcázar de Toledo?

Debería ser algo resuelto desde hace tiempo, pero no hay voluntad política para exhumar los restos de estos dos golpistas. Es curioso que se olvide que Milans fue uno de los instigadores del golpe de estado del 23F. Pero hay más. No se afronta la necesidad de eliminar el homenaje que se hace al psicópata Antonio Vallejo-Nájera Lobón, llamado el Mengele español, cuyas teorías fueron aplicadas para asesinar, robar niños...y tiene un espacio dedicado en el Museo del Ejército. 

¿Sería oportuno también aparcar definitivamente la procesión de la Virgen del Alcázar?

La religión es una cuestión que debería circunscribirse al ámbito privado. No quiere decir que haya que prohibir las procesiones, pero ésta en concreto no tiene nada que ver con las creencias religiosas y sí con la exaltación de un golpe de estado y la manipulación que el franquismo hizo de los acontecimientos de El Alcázar. No hace falta indagar mucho para saber que gran parte del relato de aquella 'heroicidad' fue mentira y se manipuló para apoyar la causa golpista y posterior represión. 

El sistema educativo también cojea, sobre todo, en conocimientos sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista. Muchos jóvenes lo desconocen porque en clase no se dan esos temas, se imparten de pasada o se sitúan al final de los libros de texto y no se llegan a tocar. 

Es un tema esencial para el futuro, de cara a dotar de principios y de señas de identidad democráticas a las nuevas y futuras generaciones. En este asunto sí constatamos un importante avance en la Ley de Memoria Democrática, al menos como declaración de intenciones, porque en paralelo se está avanzando en legislación sobre el sistema educativo, y esperamos que los principios de memoria democrática y antifascistas impregnen también esa futura ley de educación.

¿Habría que reivindicar también la memoria de los miles de represaliados españoles en campos de concentración nazis?

Por supuesto, eso también está recogido en el texto de la nueva ley. Pero no sólo es un tema de memoria formal, debería serlo también material: hay docenas de instituciones y empresas privadas, aparte del Estado español que se lucraron con el trabajo esclavo forzado de miles de presos republicanos. Esas empresas e instituciones deberían reconocer públicamente su responsabilidad, y colaborar con indemnizaciones y con el conocimiento público de la memoria de esos presos. Para nuestro país puede sonar raro, pero se ha hecho sin mayor problema en lugares como Argentina o Alemania.