Por orden judicial (ejecución de sentencias del TSJ) el Gobierno local ha acordado que el Ayuntamiento de Toledo tiene que asumir la conservación y mantenimiento de las urbanizaciones San Bernardo y Montesión.

La decisión es irreversible porque incluye la disolución de las dos entidades urbanísticas de conservación (donde los propietarios se agrupaban para llevar a cabo esas funciones) y el mandato para que se haga cargo la Concejalía de Obras.

Alcanzar este objetivo no ha sido fácil para los residentes que llevan años peleando (primero por vía administrativa, después por la judicial) para que se reconozca su derecho a ser tratados como al resto de vecinos de la ciudad.

El camino se comienza a recorrer en diciembre de 2013 cuando el Gobierno municipal desestima la solicitud que hacen los vecinos de San Bernardo acerca de traspasar al Ayuntamiento las tareas de conservación y mantenimiento de los viales y zonas públicas.

En desacuerdo con la decisión, los vecinos acudieron a los juzgados donde una sentencia les reconoce en 2016 el derecho a que el Ayuntamiento se haga cargo del cuidado de la urbanización.

Sin embargo un recurso municipal lleva a 2019 cuando la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha estimó el recurso de apelación del Ayuntamiento considerando que no incumbía a la Administración conservar las obras de urbanización cuando se trata de núcleos de población de baja densidad, autónomos, de uso turístico o residencial y de carácter aislado mientras  continúen dándose estas circunstancias, incluso después de que el Ayuntamiento haya recepcionado la urbanización.

Ciudad al 100%. Los vecinos atacaron esos argumentos y en septiembre de 2020 otra sentencia Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha estimó el recurso de casación autonómico interpuesto por la Junta de Compensación Unidad Urbanística 28 B ‘San Bernardo’ de Toledo confirmando la sentencia original (diciembre de 2016) al concluir que no se trata de una actuación urbanizadora de carácter aislado por encontrarse «perfectamente unida a la trama y suelo urbano y compartir acceso, como suelo urbano consolidado que es, con otras unidades urbanísticas consolidadas como es La Bastida-Colegio Mayol, con la que incluso comparte servicios e infraestructuras y que se encuentra recepcionada, conservada y mantenida por el Ayuntamiento de Toledo».

Añade que tampoco se trata de una urbanización autónoma al depender todos los servicios e infraestructuras de los municipales y estar perfectamente conexionada a éstos y a la estructura urbana.

En consecuencia los magistrados dictaminan que «la conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos corresponde, por tanto, al Ayuntamiento».

Las autoridades municipales se han tomado con calma acatar ya que la sentencia es de septiembre de 2020, la Junta de Gobierno esperó hasta finales de noviembre para darse por enterada, Urbanismo ha emitido su informe en febrero y solo entonces se ha dado la orden de ejecutar.